La decisión fue tomada este miércoles durante la tercera audiencia judicial en contra de Mauro y su esposa, quienes fueron secuestrados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas militares estadounidenses durante un operativo militar. 

El togado de la Corte de Distrito Sur de Nueva York estableció que el inicio del juicio será el 1 de junio, a las 11:00 de la mañana (hora local). Esta decisión se tomó a petición de los abogados defensores de las dos partes.

Cronograma previsto

La defensa del mandatario venezolano propuso dividir la exposición de los argumentos legales en dos fases o mociones distintas.

La primera ronda de mociones, que arrancaría en septiembre de este año, se centrará en planteamientos jurisdiccionales y en la inmunidad de la que goza Maduro como jefe de Estado, lo que podría poner fin al caso. Estos argumentos serán respondidos por la Fiscalía de EEUU el 2 de octubre y la defensa podrá ofrecer sus réplicas el 16 de octubre.

Se espera que en noviembre de este año se lleve a cabo una audiencia sobre esas mociones.

A partir de enero de 2027, comenzaría la segunda ronda de mociones previas al juicio. Un mes después, en febrero, se prevé la réplica de la Fiscalía a esos argumentos y en marzo, la respuesta de la defensa, reseña RT. 

Audiencias previas 

Tras la invasión militar, Maduro y la diputada Flores fueron trasladados a una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, en donde se encuentran privados de libertad mientras la justicia de EE. UU. determina su futuro en un proceso viciado, ilegal, carente de jurisdicción e infundado, en el que se les acusa de supuesto "narcoterrorismo".

La primera audiencia se llevó a cabo dos días después de la agresión militar que dejó más de 100 víctimas fatales, entre ellos civiles, militares venezolanos y 32 soldados cubanos que prestaban servicio en Venezuela como parte de la Guardia Presidencial.

En la segunda audiencia, que se realizó el pasado 26 de marzo, el juez descartó la petición de Barry Pollack, defensor de Maduro y Flores, para desestimar el caso debido a que los fondos para pagarle habían sido bloqueados por EEUU,  lo que implicaba que afectaban el derecho de sus clientes a defenderse.