Letra invitada | Por conciencia, se revirtió el 70/30

Por Carlos Azpurua G.

31/07/3026.- Toda nación libra, además de sus batallas en lo económico y lo político, una disputa permanente por conservar el derecho a contar su historia y su imaginario. Esa lucha se da en el terreno de la cultura, donde se decide quién narra el pasado, interpreta el presente e imagina el futuro. En el caso venezolano, marcado por una intensa pugna por el relato, esa disputa deja de ser únicamente un desafío cultural para convertirse en un ejercicio de soberanía.

Desde esa perspectiva, el decreto aprobado por el Gobierno Bolivariano que hoy restituye al CNAC el cien por ciento de los recursos de Fonprocine representa mucho más que una medida de carácter presupuestario: reafirma el compromiso del Estado con la cultura como política estratégica y con el derecho de Venezuela a contarse con su propia voz, justo cuando otros pretenden escribir su historia desde afuera.

Porque el cine no es únicamente un arte o una industria. Es el lugar donde habitan nuestros rostros, acentos, dolores, nuestros héroes y nuestros sueños, que merecen ser contados. Esa es la convicción que inspiró la vanguardista Ley de Cinematografía Nacional que impulsé desde el Congreso en mi época de diputado, fruto de una lucha gremial que trascendió las diferencias políticas. Por esa convicción nacieron el CNAC y Fonprocine.

La historia quiso, sin embargo, que años después tuviéramos que luchar nuevamente por aquello que creíamos conquistado.

Cuando asumí la presidencia del CNAC en 2021 encontré una Ley de Cinematografía en peligro y una institución al borde de ser declarada fallida. Las medidas coercitivas, el bloqueo, la imposibilidad de acceder a mecanismos internacionales de financiamiento, la pandemia, graves errores de gerencia y la crisis económica amenazaban con apagar una institución construida durante generaciones.

Así que nos unimos. Llamé a todos, por encima de la polarización política y de las diferencias, y juntos nos pusimos a trabajar, aunque las dificultades económicas nos obligaban a reinventar cada proyecto. Reactivamos el Programa de Estímulo y Fomento, que nos regaló más de 200 historias con acento venezolano y tres años ininterrumpidos de crecimiento. Volvimos a Cannes, regresamos a Ventana Sur después de nueve años y, en un contexto de recursos reducidos y cine de bajo presupuesto, impulsamos programas como Aprender Haciendo, una iniciativa estratégica que concebí para que, incluso en medio de la escasez, nunca se interrumpieran la producción ni el relevo generacional (casi veinte películas se realizaron bajo esta modalidad de rodaje).

Contra todo pronóstico, lo logramos. La Ley de Cine sobrevivió, recuperamos el CNAC, su tejido institucional y, desde allí, iniciamos la larga lucha para recuperar los recursos que nunca dejaron de pertenecer a nuestro cine.

Como presidente del CNAC asumí la restitución plena de Fonprocine como uno de los grandes objetivos de mi gestión, acompañado por un comité ejecutivo que, dentro del marco legal, entendió que la resistencia también podía ejercerse desde la gestión pública.

La cruzada no fue fácil y quizá fue el telón de fondo de mi traslado a España, donde hoy ejerzo como cónsul general en Barcelona. Pero fue una lucha necesaria, porque los recursos del cine representaban la posibilidad de defender la institucionalidad, seguir construyendo nuestra identidad, preservar la memoria colectiva y garantizar que las nuevas generaciones siguieran encontrando en el audiovisual una forma de comprender y contar el país. Porque la cultura no es un elemento accesorio, sino, como afirmaba Amílcar Cabral, "el fruto de la historia de un pueblo y un determinante de la historia".

Hoy celebro que esta visión haya encontrado comprensión y respaldo, porque demuestra que respondía a una aspiración compartida. El decreto firmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que entrará en vigor este 1.º de agosto, recoge mi lucha y la de muchos otros, entre ellos la del ministro de Cultura, Raúl Cazal; la del presidente del CNAC, Román Chamorro; la de los trabajadores de esta valiosa institución y la de la industria en su conjunto; mujeres y hombres que nunca abandonaron el cine, aun en las peores circunstancias.

La medida que logramos posee un significado que desborda lo económico. Significa que, incluso en medio de la inmensa tragedia provocada por los terremotos, que obliga al Estado a destinar enormes recursos para reconstruir hogares y comunidades, Venezuela reconoce que el cine no es un gasto prescindible, sino una industria estratégica y una inversión en soberanía. Cada película que podrá realizarse gracias a estos recursos será una oportunidad para contar una historia propia. Cada documental será una pieza más de la memoria nacional. Cada escuela fortalecida significará una nueva generación que aprenderá a mirar y contar el país con ojos venezolanos.

El desafío que ahora comienza es mirar hacia adelante. La hoja de ruta es clara y existe desde hace años, en la Ley de Cinematografía Nacional. Los objetivos también son conocidos: reincorporar a Venezuela a Ibermedia, recuperar el liderazgo regional, atraer inversiones, ampliar las oportunidades de coproducción y llevar nuestras obras a los mercados internacionales y a las plataformas de streaming.

Ese será el gran debate del próximo Plan Nacional de Cinematografía: cómo convertir este logro en una política de largo aliento que consolide a Venezuela como una potencia cultural y audiovisual.

Porque un país sin cine, termina siendo contado por otros.