Inicio | Periódico CiudadCCS

Ahora los pueblos | La justicia argentina instrumento imperial

Sin un sistema judicial autónomo los Estados no pueden ejercer libremente su soberanía

Yo soy un instrumento accidental de la justicia... (1)

José de San Martín

Los tribunales y fiscalía argentinos, dan cuenta de un sistema judicial corrupto y cooptado por la derecha neoliberal e intereses foráneos, que con sus últimas actuaciones ha comprometido las relaciones diplomáticas y la estabilidad política de la nación sureña. Al punto de asumir el protagonismo político frente al escenario electoral presidencial del próximo año. Llegando, incluso, a solicitar el encarcelamiento por 12 años de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, en un caso que a todas luces constituye un lawfare, contra la posible principal contrincante presidencial. Es así como se hace parte de procedimientos para facilitar el robo de bienes venezolanos, violando la legislación internacional y los Derechos Humanos de los ciudadanos víctimas de tales procedimientos. Analicemos los hechos en detalle:

Desde el pasado 8 de junio, el avión de mercancías Boeing 747 de la compañía venezolana Emtrasur filial de Conviasa, se encuentra secuestrado debido a una orden judicial, en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires, donde le fue negado el combustible, a pesar de haber cumplido con los protocolos internacionales. La aeronave que fue adquirida hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air, trasladaba un cargamento de autopartes, lo que constituye una actividad comercial lícita. A su tripulación, integrada por catorce venezolanos y cinco iraníes procedentes de México, se les dictó prohibición de salida del país, pese a no existir ninguna acusación sobre ellos.

El pasado 2 de agosto, Estados Unidos pidió a Argentina la incautación del avión venezolano, después de que el 19 de julio una Corte del Distrito de Columbia, emitiera una orden donde considera que se “violaron las leyes de exportación" estadounidenses, por tratarse de empresas sobre las cuales Washington ha dictado medidas coercitivas unilaterales, violando la legislación internacional. La determinación del caso fue canalizada por el Ministerio de Justicia argentino, y supone la aceptación del bloqueo estadounidense sobre el avión venezolano, con base a un tratado de asistencia jurídica mutua que data de 1991, entre Washington y Buenos Aires. El juez federal argentino, Federico Villena, quien lleva el caso, se ha referido públicamente en consonancia con las matrices de opinión creadas por las corporaciones comunicacionales, sobre un caso de “terrorismo y espionaje”. La presión de la derecha argentina y sobre todo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía en el país, ha distorsionado los hechos ante la opinión pública.

La honorabilidad del propio juez Villena se encuentra en entredicho, en cuanto enfrenta señalamientos por lavado de activos, acusaciones de la fiscalía federal desde el 2021 por mal desempeño, negligencia y arbitrariedad, en casos por narcotráfico. Asimismo, al juez Villena se le vincula con la hoy diputada de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien en su ejercicio como gobernadora, participó en operaciones de robo de bienes venezolanos en Argentina, concretamente en los muelles de Dock Sud y contra la empresa venezolana Petrolera del Cono Sur S.A. filial de PDVSA, encargada de la distribución de combustibles en el Río de la Plata en 2019.

Las autoridades involucradas en este caso coinciden sobre el hecho no haberse cometido irregularidad alguna. El 18 de junio, el presidente argentino, Alberto Fernández, reiteró: “no existe ninguna irregularidad en relación con el avión con tripulación iraní y venezolana que se encuentra inmovilizado en Argentina, por lo que acusó a la oposición de querer vincularlo con terrorismo” (2) El presidente venezolano Nicolás Maduro señaló el 8 de agosto al respecto: "Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de la Florida, ¿no hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?" (3). Mientras que el gobierno iraní, el pasado lunes 22 de agosto, exige la "liberación sin condiciones" de los cinco iraníes retenidos, pues "no han cometido ningún crimen" (4).

El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, señaló que las actuaciones del Poder Judicial argentino en este caso “…atenta contra una relación que se recuperó recientemente, entre Argentina y Venezuela, y también frente al fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”. Por su parte, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH/Capítulo Argentino), publicó una declaración el 6 de agosto donde instó al “…gobierno nacional y las autoridades judiciales involucradas en este asunto, a que actúen conforme a lo que manda la legislación argentina y ordenen la inmediata liberación del avión y de todos sus tripulantes, procediendo asimismo a garantizar el abastecimiento del combustible necesario para su seguro regreso a Venezuela y desestimando la orden de incautación emitida por Estados Unidos. No existe ninguna cláusula en el orden legal internacional que obligue a un país soberano como la Argentina a someterse ante la legislación de otro más poderoso, porque tal cosa equivaldría a transgredir la Carta de las Naciones Unidas desde su mismo Preámbulo” (5).

Sin un sistema judicial autónomo de los poderes fácticos nacionales y las presiones foráneas, los Estados no pueden ejercer libremente su soberanía.

Anabel Díaz Aché