Sectores sociales en Perú se levantan contra Keiko Fujimori
El pueblo denuncia altos índices de inseguridad y dice "no" a privatización de Petroperú
19/08/26.- La Asociación Nacional del Transporte (Anitra), encabezada por Martín Valeriano, anunció la realización de un paro de 24 horas convocado para el próximo 25 de agosto en la capital peruana y en la provincia del Callao. La medida de protesta, que contempla el retiro de aproximadamente 15 mil autobuses del servicio de transporte urbano, surge como respuesta directa al incremento alarmante de extorsiones y ataques perpetrados por bandas de sicarios.
Según las denuncias del sector, en lo que va del año han sido asesinados más de 160 transportistas, una situación de violencia extrema que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades locales y ha sumido al gremio en una profunda crisis de inseguridad. Frente a esta coyuntura, la organización empresarial exigió que el Gobierno asumir una conducción directa y presente un plan concreto para combatir el crimen organizado de manera efectiva.
Los dirigenciales cuestionaron duramente la efectividad de las medidas implementadas hasta la fecha, como el resguardo militar no permanente en las terminales de transporte, así como las declaraciones del Ministerio del Interior respecto a presuntos avances policiales.
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El reclamo se respalda además en las cifras del Sistema Nacional de Estadística de Defunciones (Sinadef), las cuales evidencian la gravedad de la violencia ciudadana al registrar más de un centenar de homicidios en breves periodos, la gran mayoría cometidos mediante el uso de armas de fuego, informó Prensa Latina en su portal.
Trabajadores del sector petrolero rechazan privatización
En paralelo a la tensión por la seguridad ciudadana, el país enfrenta un creciente malestar laboral en el sector energético tras el rechazo categórico de los sindicatos de Petroperú a los planes de reestructuración de la empresa estatal. Las organizaciones gremiales expresaron su firme oposición ante la nueva designación de Oliver Stark al frente del directorio de la petrolera, una medida impulsada por el Ejecutivo que los trabajadores interpretan como el inicio de un proceso de privatización destinado a ceder la gestión y los activos de la mayor empresa del país a consorcios privados internacionales.
Los representantes sindicales advierten que este proceso da continuidad a normativas previas, como el Decreto de Urgencia 10-2025, el cual legaliza la venta de activos estratégicos entre los que figura la refinería de Talara, una de las plantas de refinación más avanzadas del continente.
Asimismo, la representación laboral critica que tras varios meses de aplicar este modelo de reestructuración e inversión pública, la directiva no ha logrado presentar balances financieros favorables. A esta situación se suma el cuestionamiento a la intervención de Proinversión, organismo al que señalan por carecer de la competencia y experiencia técnica requeridas para gestionar el sector de los hidrocarburos.
CIUDAD CCS
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