Las dos orillas | La insurrección del hábitat popular

Comunidades organizadas convierten el trauma urbano en resistencia y soberanía.

Por Armando Carrieri Hernández

Son tiempos complejos para la ciudad contemporánea. Quienes nos empeñamos en leer la realidad urbana despojándonos de las narrativas anestesiadas de la tecnocracia, descubrimos que lo que percibimos como espacio urbano dista mucho de ser una infraestructura estática, neutral o puramente geométrica. Por el contrario, la urbe se ha erigido como un territorio históricamente disputado por fuerzas antagónicas donde se define nada menos que la reproducción de la vida humana. Como bien lo vislumbró el poeta Aníbal Nazoa en sus versos sobre las rayas y los puntos, los muros y las fronteras de la ciudad formal no son abstracciones; son la encarnación física de la segregación clasista. 

Para aprehender la metamorfosis del hábitat popular en la Venezuela contemporánea, resulta indispensable abandonar el régimen formal del urbanismo institucional y adentrarse en la densidad del barrio. La urbe actual atraviesa una crisis que no puede explicarse como una simple contingencia técnica, sino como un proceso de orden superior donde convergen la financiarización especulativa del suelo, la violencia bélica y los eventos sísmicos de gran escala. Ante esta encrucijada, la articulación comunitaria ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en una trinchera irrenunciable para la supervivencia. 

El diseño hegemónico de las ciudades opera con frecuencia como un dispositivo de exclusión que transforma el espacio habitable en un activo financiero globalizado. Bajo la lógica del capital inmobiliario, se degrada sistemáticamente el valor de uso de los territorios —los lazos vecinales, la memoria colectiva, el acceso a los bienes comunes— para imponer un valor de cambio especulativo. Desde la perspectiva de la geofisiología crítica, que concibe el entorno y los sistemas vivos como un tejido metabólico integrado, la financiarización del suelo actúa como una perturbación entrópica. La especulación desmantela la inmunidad comunitaria y fractura los bucles de autorregulación local, exponiendo a las poblaciones populares a severas vulnerabilidades. 

Esta violencia sutil del mercado se profundiza a través del urbanicidio, un fenómeno que se despliega en tres fases o tiempos interconectados. En un primer momento opera la desposesión socioeconómica mediante el avance de la gentrificación, el encarecimiento de los servicios y la captura corporativa del capital cultural del barrio. A esto se le suma, en segundo lugar, la agresión bélica y física que destruye de forma planificada las infraestructuras de soporte vital y el contenedor urbano. Finalmente, en un tercer tiempo, sobreviene el impacto socionatural con el colapso derivado de eventos geológicos o climáticos sobre un territorio fragilizado previamente por la especulación y la desatención. Cuando la planificación oficial falla o se pliega a los intereses del mercado, la ciudad formalmente planificada colapsa y la supervivencia pasa a depender estrictamente de la solidaridad territorial. 

La gestión urbana heredera del neoliberalismo impone un diagrama de segregación que reconoce como ciudadanos legítimos únicamente a quienes poseen capacidad de consumo en enclaves dolarizados. Esta dinámica aplica una necropolítica indirecta sobre las periferias, administrando el abandono y la estigmatización del espacio popular. Sin embargo, frente a la ciudad higienizada que repudia la densidad del barrio, el pueblo organizado reacciona mediante lo que la sociología crítica denomina el estar-siendo y la fagocitosis espacial. La comunidad asimila y habita las ruinas del modelo excluyente para reconstruir un espacio de resguardo y amparo cotidiano. 

Es en esta trinchera donde emerge la ciudadanía insurgente. Lejos de asumir un rol pasivo de víctimas, los habitantes se constituyen en sujetos políticos activos. Mediante un funcionamiento rizomático, desbordan las rigideces de la burocracia estatal y asumen la autogestión directa de sus recursos hídricos, energéticos y territoriales. Mientras la planificación hegemónica prioriza el valor de cambio, la abstracción métrica y la acumulación por despojo, la ciudadanía insurgente impone el valor de uso, la memoria táctica, las redes de cuidado y la autoproducción del hábitat. 

La resistencia comunal no se sostiene sobre planos cartográficos de satélite, sino sobre la memoria táctica. Frente al mapa oficial que divide, el catastro popular emplea herramientas clave de la investigación militante como la leyenda narrada y la leyenda geométrica. La leyenda narrada funciona como un dispositivo oral e histórico que registra las secuencias del despojo, resguardando la narrativa de los afectos y las trayectorias de lucha comunitaria. Por su parte, la leyenda geométrica actúa como una herramienta analítica que desmantela simbólicamente los muros, cerramientos y líneas de segregación impuestos por el poder. 

Esta geografía de la cercanía se materializa de manera contundente en el trabajo de reproducción social y en las redes de cuidado, impulsadas mayoritariamente por lideresas comunitarias. Desde la perspectiva del urbanismo feminista, el derecho a la ciudad no es el derecho abstracto a consumir bienes, sino el derecho a la vida sostenible. Experiencias como la de 100% San Agustín en Caracas —donde las platabandas residenciales se transforman en plazas públicas y escenarios culturales— o los mapas de riesgo dibujados a mano alzada por los Comités de Tierra Urbana en El Calvario, demuestran que la cartografía popular es una tecnología social para la preservación de la vida. La cocina comunitaria, el acopio autogestionado de agua y la atención en salud barrial constituyen la infraestructura invisible pero fundamental que impide el colapso de la urbe en momentos de crisis. 

Para que la praxis comunal no sea absorbida por la dinámica especulativa, es imperativo traducir esta experiencia en principios poético-políticos de acción. Por un lado, debe garantizarse la vinculación sagrada del plan comunal, de modo que la planificación urbana deje de ser un monograma elaborado por tecnócratas y los planes comunitarios aprobados en asambleas adquieran carácter vinculante e inapelable para el Estado. Por otro lado, resulta urgente declarar la inviolabilidad del suelo golpeado para que las zonas afectadas por desastres o violencia queden protegidas del capital privado, prohibiendo categóricamente la gentrificación y orientando los recursos directamente a las brigadas populares de autoconstrucción. Asimismo, se debe consolidar la geografía de la cicatriz, evitando que las ruinas y marcas del trauma se oculten o comercialicen, transformándolas en aulas abiertas y redes de cartografía del conflicto que sirvan para la pedagogía descolonizadora y la memoria colectiva. 

La ciudad no es el concreto que se derrumba ni el plano frío que segrega. En el horizonte del Vivir Bien, la urbe se devela como la trama indestructible de cuerpos y afectos que se juntan bajo un imperativo ético de supervivencia y dignidad. Al articularse desde la exterioridad del sistema para volver a habitar, el pueblo organizado destrona la lógica de la mercantilización y demuestra que, donde el capital traza rayas para separar las hambres, la solidaridad comunitaria restituye la continuidad de la vida.