Masiva protesta en Colombia desafía al gobierno de De La Espriella
Recortes sociales, represión y violencia armada alimentan descontento en el país vecino
15/10/26.- A dos meses de asumir el poder, el presidente derechista Abelardo de la Espriella enfrentó este miércoles 14 de octubre, la primera jornada masiva de movilizaciones sociales en contra de su gobierno. Miles de personas marchan en las principales ciudades del país vecino, convocadas por sectores opositores liderados por el expresidente Gustavo Petro, con el respaldo de sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones estudiantiles y colectivos sociales.
La protesta expresa un doble rechazo a la pérdida de derechos sociales conquistados en el período anterior y al giro de la política exterior colombiana.
El detonante
La tensión social se intensificó tras la firma de un decreto presidencial que establece nuevas normativas para la intervención de las autoridades frente a bloqueos viales y alteraciones del orden público. El texto legal estipula que los cuerpos de seguridad deben buscar el diálogo con los manifestantes, pero aclara que esta instancia no suspende las acciones operativas contra quienes incurran en actos de violencia.
El gobierno sostiene que la protesta pacífica es una garantía constitucional, pero advierte que el derecho a la manifestación no ampara agresiones a terceros, daños a la infraestructura ni la obstrucción de servicios de emergencia. Los sectores convocantes denuncian que la medida busca criminalizar la protesta social y temen un incremento de la represión estatal durante las movilizaciones previstas para los próximos dos meses, informan medios internacionales.
Los participantes, por su parte, expresan su preocupación ante un posible desmontaje de las reformas sociales implementadas durante el período presidencial anterior, que amplió el acceso gratuito a la educación superior y estableció mejoras salariales y laborales.
La ciudadanía también manifiesta su rechazo a las directrices de política exterior del actual gobierno. Entre los puntos de mayor fricción figuran el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y el acercamiento estratégico con la administración de Estados Unidos, decisiones que los manifestantes consideran perjudiciales para la soberanía nacional.
Las comunidades indígenas protestan, además, contra un proyecto de regulación de la guardia indígena, una entidad civil de defensa de los territorios ancestrales que opera en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
La sombra de la violencia
Colombia arrastra décadas de conflicto armado interno que han dejado profundas heridas sociales y territoriales. En este contexto, la protesta social ha sido históricamente un terreno disputado: mientras unos la ven como ejercicio legítimo de derechos constitucionales, otros la asocian con desestabilización.
La jornada de este miércoles transcurre sin reportes iniciales de violencia generalizada, pero el temor a la infiltración de grupos armados ilegales en las movilizaciones (un fenómeno documentado en protestas anteriores) permanece latente.
Las organizaciones convocantes han hecho un llamado explícito a la protesta pacífica y han rechazado cualquier forma de violencia armada, subrayando que la legítima demanda social no puede ser secuestrada por actores violentos. El gobierno, por su parte, enfrenta el dilema de garantizar el derecho a la protesta mientras mantiene el orden público, en un país donde la memoria de la represión estatal y la violencia insurgente aún condiciona la confianza ciudadana.
La primera prueba de fuego para De la Espriella no es solo política, es también un test sobre la capacidad del Estado colombiano de gestionar el conflicto social sin recurrir a la violencia ni permitir que esta se imponga.
CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDAD CCS
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