Federación de Mujeres pide liberar a Luisa González en Ecuador

Exigen a la comunidad internacional frenar la persecución política y avance del fascismo

23/10/26.- La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) exigió este viernes la liberación inmediata de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, detenida la madrugada del jueves 22 de octubre en Manabí.

La organización calificó la aprehensión como un “secuestro” y la inscribió en lo que denunció como una ofensiva represiva y antipopular del Gobierno de Daniel Noboa contra la oposición, los movimientos sociales y las fuerzas críticas al rumbo neoliberal y proimperialista del país.

La FDIM, con sede en Ciudad de México, responsabilizó al presidente Noboa de las medidas contra sectores opositores y demandó garantizar la integridad física y moral de González. También reclamó la excarcelación del expresidente Jorge Glas y de todas las personas que considera presas políticas.

“La captura de Luisa es parte de los planes represivos del Gobierno de Ecuador, el cual pretende someter a fuerza de represión, cárcel y secuestro a todos los que se manifiestan en contra de la corrupción y el sometimiento del Gobierno a los dictados de Trump”, afirmó la organización.

Detención en Manabí

González, excandidata presidencial por Revolución Ciudadana en 2023 y 2025, fue detenida en Canuto, provincia de Manabí, durante un operativo policial ejecutado en la madrugada del jueves. La Policía confirmó la captura, mientras la Fiscalía informó de tres órdenes de detención vinculadas a una investigación por presunto lavado de dinero en Manabí y Pichincha.

La aprehensión se produjo en el marco del caso Laberinto, que indaga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023. González también enfrenta el caso Caja Chica, abierto a inicios de 2026, en el que la Fiscalía le imputa presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

La dirigente rechaza las acusaciones y sostiene que su organización entregó a las autoridades electorales la documentación de los gastos de campaña. Hasta ahora, las imputaciones son de carácter presuntivo y no constituyen una condena.

La detención ocurre en un escenario de creciente hostigamiento institucional contra Revolución Ciudadana. En marzo, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió al partido a solicitud de la Fiscalía, decisión que dejó a la organización fuera de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre y privó a González de inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí.

 González fue la principal rival electoral de Daniel Noboa en 2023 y 2025. Su detención se produce semanas antes de los comicios locales y en medio de denuncias del movimiento de Rafael Correa sobre una persecución política orientada a debilitar a la principal fuerza opositora.

El antecedente más emblemático de esa tensión es el asalto policial a la Embajada de México en Quito, en abril de 2024, ordenado por el Gobierno de Noboa para capturar a Jorge Glas, entonces asilado por México. La operación provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y fue rechazada internacionalmente como una violación de la inviolabilidad diplomática.

Resistencia antifascista

La FDIM enmarcó el caso en una advertencia más amplia: el uso de la justicia, la policía y los organismos electorales para criminalizar la disidencia, desarticular organizaciones populares y a callar a quienes cuestionan la corrupción, la militarización y la subordinación del país a los intereses de Washington.

Desde una perspectiva antifascista, la organización advierte que la represión no se limita a una dirigente: busca sembrar miedo, fragmentar a los movimientos sociales y consolidar un proyecto autoritario que presenta la persecución como “orden” y la criminalización de la pobreza, la migración y la protesta como “seguridad”.

La Federación llamó a la solidaridad internacional con Luisa González, Jorge Glas y las personas perseguidas por razones políticas, y a exigir el cese de la represión, el respeto a las garantías constitucionales y la liberación de todos los presos políticos en Ecuador.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales, la detención de González se convierte en un nuevo símbolo de la polarización política ecuatoriana y de la disputa entre un Gobierno que recurre a la coerción estatal y una oposición popular que denuncia la instalación de un régimen de excepción.

CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDADCCS