Manifestantes en Portugal exigen garantizar el derecho a la vivienda

Ciudadanos piden frenar la reforma de los alquileres y cuestionan la actuación policial

28/10/26.- Miles de personas se congregaron este martes 27 de octubre en las inmediaciones del Parlamento de Portugal para exigir una respuesta institucional a la crisis de la vivienda. La movilización trasladó al centro del debate presupuestario para 2027 una demanda que desborda las cuentas públicas: garantizar el acceso a un hogar como derecho, y no como una posibilidad condicionada por el mercado.

Según lo reseñado por TeleSur, en medio de un fuerte dispositivo policial, los manifestantes reclamaron al Gobierno y al Parlamento frenar la reforma de la ley de alquileres impulsada por el Ejecutivo. También denunciaron el desalojo por la fuerza de las acampadas de Lisboa y Oporto durante la madrugada del pasado domingo. Según los datos policiales citados, la intervención dejó 33 personas heridas y 33 detenidas.

Presión de la calle llega al debate

Con consignas como “¡Revolución!” y pancartas que reivindican el “derecho a una casa, derecho a una vivienda”, los manifestantes exigieron que las instituciones respondan a una emergencia que ha sostenido las protestas durante las últimas semanas.

Marta, una de las participantes, declaró a los medios que, llamó a la ciudadanía portuguesa a movilizarse para reclamar soluciones ante una «crisis que afecta a todos».

La concentración frente al Parlamento hizo coincidir las demandas del movimiento por la vivienda con el inicio de la discusión de las cuentas públicas. La protesta situó así ante los legisladores el reclamo de que el presupuesto ofrezca respuestas concretas al problema habitacional.

 Desalojos y  represión policial

La actuación policial contra las acampadas se convirtió en otro de los ejes de la movilización. Además de exigir cambios en la política de vivienda, los manifestantes condenaron el uso de la fuerza contra quienes habían instalado tiendas de campaña como forma de protesta.

Las autoridades justificaron la prohibición de mantenerlas durante la noche por el incumplimiento de la normativa municipal. Ese argumento no respondió al reclamo central de los movilizados: una solución institucional a la crisis habitacional que los llevó a ocupar el espacio público.

Por su parte, el primer ministro, Luís Montenegro, atribuyó la crisis a la falta de construcción y a las políticas de gobiernos anteriores. «”Faltan muchas casas en Portugal”, afirmó, al defender un incremento de la oferta pública, privada y cooperativa mediante nuevas construcciones y la rehabilitación de inmuebles. Montenegro también acusó a partidos políticos de intentar obtener rédito de la frustración ciudadana.

El contraste entre ambas posiciones marcó la jornada: mientras el Ejecutivo puso el énfasis en ampliar la oferta de viviendas, los manifestantes reclamaron garantías de acceso, el freno a la reforma de los alquileres y una respuesta a sus denuncias sobre la actuación policial. La discusión quedó planteada no solo en términos de cuántas casas construir, sino de cómo asegurar que la población pueda habitarlas.

Reclamos

Previamente, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, condenó los enfrentamientos y la violencia registrados durante las manifestaciones del fin de semana, con epicentro en la plaza del Rossio, en Lisboa, y en Oporto. El mandatario pidió al Gobierno, al Parlamento y a las organizaciones políticas que dejaran de lado las recriminaciones mutuas y se concentraran en soluciones concretas.

Con las protestas a las puertas del Parlamento, el debate presupuestario comenzó bajo la presión de una demanda social: que la política de vivienda se mida por su capacidad para garantizar un hogar y no únicamente por el aumento de la oferta inmobiliaria.

Las movilizaciones en Europa reflejan el malestar ciudadano ante el aumento del costo de vida, las dificultades de acceso a la vivienda, la falta de oportunidades económicas y el deterioro de las instalaciones educativas.

 A estas preocupaciones se suma el encarecimiento de la energía, que acentúa la vulnerabilidad económica de la población: no solo eleva directamente el costo del transporte, sino que también puede trasladarse a los costos de producción y distribución de otros bienes, intensificando la presión sobre los presupuestos de los hogares.

CARMEN ADRIANA DAZA / CIUDADCCS