Guatemala

09/03/23.- Aunque en 2021 el Congreso de Estados Unidos emitió un decreto que prohibía la entrega de fondos a los Ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras mientras no hubiera mejorías en el combate a la corrupción, el Departamento de Defensa utilizó un subterfugio para burlar tal decisión al utilizar una partida que no está restringida.

La donación de vehículos militares J8 que Estados Unidos concedió al gobierno de Guatemala para combatir el narcotráfico, en realidad fue empleada para dar protección perimetral a agentes de seguridad privada que quemaron casas de campesinos en El Estor, Izabal, en 2021. Esta donación se inscribió en el programa de Financiamiento Militar Extranjero (FME) que es el programa de asistencia militar más grande aprobado por el Congreso. Asimismo, en 2018, el gobierno de Jimmy Morales los había utilizado para amedrentar a la propia embajada de Estados Unidos y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), surgida de un acuerdo entre la ONU y las autoridades del país.

Unos años después, el Congreso de Estados Unidos limitó las entregas de vehículos al Ejército guatemalteco habidos los antecedentes sobre el uso de los mismos. Ya en el actual gobierno de Alejandro Giammattei, nueve congresistas demócratas pidieron explicaciones al gobierno de Biden, pero la respuesta fue el silencio ante la decisión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de fortalecer el Ejército guatemalteco.

En este contexto, el pasado 13 de octubre, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala anunció la donación de 95 vehículos entre camiones, camionetas y motocicletas, valorados un US$ 4.4 millones. Según el portal Prensa Comunitaria, el origen de ese dinero es una partida presupuestaria del Departamento de Defensa (DOD) aprobada en 2019 durante la administración del expresidente Donald Trump.

En un comentario escrito por Adam Isacson en el portal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el investigador asegura que “la donación se financió a través de una autoridad en construcción de capacidad militar extranjera del DOD establecida en 2017 como Sección 333 del Título 10 del Código de los Estados Unidos”.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) fechado en marzo de 2022 hace saber que

El presupuesto de operaciones para el año fiscal 2021 prohíbe la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras, al mismo tiempo que condiciona el 50% de otras asignaciones del Departamento de Estado relacionadas con seguridad para estos países a que sus gobiernos combatan la corrupción, protejan los derechos humanos y atiendan otras preocupaciones del Congreso.

Isacson afirmó que se estaba utilizando “un programa del DOD para proporcionar una categoría de ayuda que Guatemala no puede recibir a través del principal programa de ayuda militar del Departamento de Estado”, toda vez que se valió de un presupuesto alternativo para financiar al Ejército de Guatemala pasando por arriba de las limitaciones establecidas por el Congreso que el DOD desestimó y no tuvo en cuenta.

Panamá

En octubre del año pasado, la generala Richardson arribó a Panamá en su segundo viaje al país en menos de cinco meses. En esta ocasión, el motivo de la visita fue la realización de una “reunión bilateral sobre seguridad”. En su primer viaje de ese año, en junio, la Jefa del Comando Sur discutió con las autoridades panameñas temas referidos a la seguridad y la crisis migratoria regional. Asimismo, participó en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel (DSAN) entre Panamá y Estados Unidos que se celebró en ese país.

La problemática migratoria ocupó lugar central en las deliberaciones cuando Panamá enfrentaba una crisis en esa materia. En el contexto, solo unos días antes, en Estados Unidos había entrado en vigencia una nueva política que legalizaba la expulsión de nacionales venezolanos que intentaban ingresar por la frontera terrestre con México o que habían llegado de forma irregular a Panamá.

Sobre este asunto, la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, Samira Gozaine, informó que estaban “clamando a la Embajada de Estados Unidos que nos ayuden, nos asistan económicamente como hacen con otros países”. Para Estados Unidos, la crisis migratoria generada por sus propias políticas se ha transformado en una gran oportunidad de intervención e injerencia “legal” en los asuntos internos de los países de la región.

Brasil

Durante una visita a Brasil en septiembre del año pasado, la generala Richardson manifestó que había un “esbozo” de fuerza militar conjunta entre ambas naciones con helicópteros para —presuntamente— luchar contra los incendios en la selva amazónica. 

Según el analista uruguayo Luis Vignolo “la información pasó muy desapercibida, quizás no casualmente, mientras los medios dominantes miran en otras direcciones”. Pero lo cierto es que hubo fuertes acercamientos en el ámbito militar entre los dos países durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Tres meses antes, durante la IX Cumbre de las Américas, realizada en Los Angeles, California, entre el 6 y el 10 de junio, Brasil y Estados Unidos anunciaron un grupo bilateral de respuesta rápida a fin de combatir la deforestación de la Amazonía brasileña, para lo cual se creó un grupo de trabajo de alto nivel conformado por autoridades de ambos países.

Como antecedente, en agosto de 2019, Donald Trump había designado a Brasil como “aliado preferencial extra OTAN de Estados Unidos” para beneplácito de Bolsonaro y de su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão. Según Vignolo, “Mourão hizo referencia en ese marco al rol de las Fuerzas Armadas brasileñas como garantía frente a la toma del poder por quienes considera enemigos, en lo que pudo ser considerado una advertencia contra la oposición al gobierno derechista”.

La irrupción violenta de bandas fascistas pocos días después de la toma de posesión de Lula —al igual que había ocurrido dos años antes en Washington con el protagonismo de los seguidores de Trump— y la actitud de las Fuerzas Armadas ante el hecho parecieron marcar la pauta de cuál sería el comportamiento de los militares en el desempeño de las funciones presidenciales de Lula, generando una amenaza aceptada por los sectores más reaccionarios del establishment estadounidense y por importantes sectores de sus Fuerzas Armadas que consideran a sus pares brasileños como importantes aliados para el control estratégico de la región.

Lula tendrá que enfrentar los intereses estadounidenses y europeos sobre la Amazonía, sobre todo ahora que su “corrimiento” hacia posiciones de centro le ha hecho acercarse al partido demócrata que controla la administración en Estados Unidos y la social democracia europea, que gobierna en países como Alemania y España, con quienes ha establecido lazos privilegiados que podrían facilitar el acercamiento de sus Fuerzas Armadas a Brasil para un supuesto “manejo sustentable” de la Amazonía. De hecho, ya Lula los ha invitado a “invertir” en proyectos ecológicamente sostenibles en la región y ha asegurado que eso se hará respetando la soberanía brasileña. No obstante, no se tienen muchos detalles al respecto.

El muy informado analista y escritor Andrew Korybko que ha investigado mucho sobre “guerras híbridas” ha advertido que “una fracción del PT podría ser usada por Estados Unidos para sus fines injerencistas”. Asimismo ha manifestado su opinión en torno a que la intervención estadounidense en Brasil no cesará bajo el nuevo gobierno de Lula, pero sí cambiará de forma, asumiendo un tipo de “desestabilización radical para dar pretextos a la OTAN de intervenir y salvar a un Lula políticamente maniatado”.

Korybko opina que

todos los elementos para una desestabilización total del Brasil están servidos, habida cuenta los problemas estructurales de la economía, el escaso peso parlamentario del partido de gobierno y la seria polarización en la calle entre los partidarios de Bolsonaro y los partidarios de Lula.

Bolivia

El plan secesionista en Bolivia es de larga data. Tuvo un momento de realización tras el golpe de Estado apoyado por Estados Unidos contra el presidente Evo Morales en 2019. Recientemente ha rebrotado en la forma de violento “paro cívico” organizado por un grupo paramilitar fascista del departamento de Santa Cruz que forma parte de la Amazonía boliviana y constituye el 43% del territorio nacional.

El operador principal de la política estadounidense contra Bolivia ha sido Mark Falcoff, asesor de la administración Bush para América Latina. En su artículo "¿Los últimos días de Bolivia?", publicado en American Outlook en mayo de 2004, Falcoff “predijo” la división étnica de Bolivia tras la oleada de levantamientos populares que desembocaron en el derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en 2003.

En su artículo, Falcoff señala que: “… es un hecho fundamental sobre Bolivia, saber que es una sociedad dividida a lo largo de dos grandes líneas de fractura: la raza y la geografía”. Falcoff contrasta la situación en la

Bolivia andina, pobre, con cultivos de coca para fabricar droga, violenta, subdesarrollada y levantisca con la próspera Santa Cruz, que generando el 51 % de los ingresos del país solo recibía “un pequeño porcentaje” de las ganancias generadas por el petróleo y el gas.

Por eso, Falcoff recomendaba una nueva Constitución que debería “remediar la necesidad de descentralizar la autoridad y los recursos” acompañada de “un verdadero intento de solución federal, con una redistribución regional de los recursos y una política energética racional”.

En esta lógica se insertaron el plan que devino en el golpe de Estado contra Evo Morales y la reciente intentona fascista para repetir tal hecho, aunque ahora se han elaborado modificaciones operativas sin cambiar el objetivo de derrocar el gobierno. En la mira del Pentágono está —como lo ha hecho saber abiertamente la generala Richardson— los gigantescos yacimientos de litio que no se encuentran en la zona amazónica del país, sino en el altiplano andino. La explotación y posterior industrialización del litio por empresas extranjeras no estadounidenses despiertan preocupación en Washington que no ceja en sus intenciones de desestabilizar el país.

Perú

El pasado 18 de enero de 2023 la presidenta de Perú, Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola le dirigieron un oficio a José Daniel Williams, presidente del Congreso de la República en el que solicitan aprobación para autorizar “el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al interior de la República”. Eso debe leerse como ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos en el momento de grandes movilizaciones contra el gobierno que ha derrocado al presidente Pedro Castillo y ha usurpado el poder. Esto ha sido resistido por importantes sectores del pueblo sometidos a una fuerte represión. Estas acciones han tenido el abierto y claro apoyo de la embajada y el gobierno de Estados Unidos.

México

De última hora, cuando cerraba este trabajo en tres entregas, llegó la información de que dos representantes del partido republicano de Estados Unidos, Dan Crenshaw y Michael Waltz, presentaron ante el Congreso de su país un documento para autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones contra carteles mexicanos, sin contar con la aceptación del gobierno de ese país.

De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que Estados Unidos decida “quién es el bueno y quién es el malo”, autoasumiéndose como “gobierno del mundo”, con potestad de intervenir por la fuerza en cualquier país del planeta.

Conclusiones

Para finalizar, es válido tener en cuenta que la adopción por parte de Estados Unidos de su nuevo concepto militar de “disuasión integrada” en el que manifiesta supuestos “valores compartidos” con América Latina que en realidad no existen. Lo que persiguen es incorporar a los países de la región a su guerra global contra China y Rusia.

Esta “disuasión integrada” es una suerte de agrupamiento de los recursos de los países de América para combatir a un enemigo supuestamente común. Washington llama a la “unidad” para enfrentar a quien ha definido unilateralmente como enemigo, que no necesariamente es el mismo de América Latina y el Caribe, que más bien debe apostar por la neutralidad y la búsqueda de la paz.

Lo decía con mucha precisión en Ecuador la jefa de Comando Sur al afirmar que “el avance de China es un problema de seguridad nacional”. Agregaba que Estados Unidos, América Latina y el Caribe debían “trabajar juntos como un equipo, jugando en nuestras respectivas posiciones de manera armoniosa y altamente efectiva para resolver ese problema”.

Como se ha visto, los instrumentos son variados, las acciones manifiestan distintas dimensiones y características, pero todas apuntan a mantener a la región sujeta al control estratégico de Washington.

NOTA: Este artículo no ha recogido la acción intervencionista de Estados Unidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque ella ha sido permanente y continua por más de 60, 40 y 20 años, respectivamente. Cada uno de ellos ameritaría un informe especial.

Sergio Rodríguez Gelfenstein

Twitter: @sergioro0701