Defensoría supervisa más de 1.390 escuelas luego del regreso a clases
Evalúa planteles tras ser usados como albergues por doblete sísmico
17/11/26.- Más de 1.390 instituciones educativas en todo el territorio nacional fueron inspeccionadas por la Defensoría del Pueblo para constatar sus condiciones a partir del reinicio del año escolar 2026-2027, en un despliegue estratégico destinado a garantizar el derecho a la educación luego de que diversos planteles sirvieran como campamentos transitorios para albergar a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.
El operativo nacional, ejecutado a través de todas las sedes, subsedes y oficinas municipales del ente defensorial, tuvo como propósito principal verificar la plena recuperación y operatividad de los espacios académicos.
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Tras la contingencia sísmica que obligó a habilitar escuelas e instituciones como refugios temporales para las familias damnificadas, el monitoreo busca asegurar que las instalaciones reúnan las condiciones óptimas de habitabilidad y seguridad para recibir nuevamente a los estudiantes.
Balance de centros visitados
Del total de espacios supervisados, el reporte oficial detalla el abordaje de 1.305 instituciones educativas de los niveles de educación primaria, básica, media, diversificada, técnica y especial, distribuidas según su administración.
- 56 planteles públicos.
- 224 instituciones privadas.
- 25 centros de gestión mixta.
Asimismo, los funcionarios extendieron la jornada de acompañamiento y verificación a 94 universidades en las distintas regiones del país, completando un despliegue que abarcó desde estados con alta densidad de visitas como Trujillo (153), Miranda (141) y Portuguesa (121), hasta entidades como Bolívar (84), Cojedes (80) y Delta Amacuro (77).
Aspectos evaluados durante la jornada
Para certificar la transición efectiva de albergues a aulas de clase y el normal desenvolvimiento de las actividades académicas, los equipos de la Defensoría del Pueblo centraron su supervisión en seis ejes fundamentales.
- Infraestructura y servicios: Revisión de la capacidad operativa de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios públicos básicos.
- Gestión académica: Cumplimiento del cronograma escolar, niveles de asistencia estudiantil e incorporación del personal docente, administrativo y obrero.
- Bienestar estudiantil: Funcionamiento y alcance de los programas de alimentación escolar.
Con estas acciones de seguimiento, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, velando porque la transición tras la emergencia sísmica se traduzca en espacios seguros, dignos y plenamente habilitados para el aprendizaje.
Este acompañamiento institucional resulta fundamental para detectar a tiempo cualquier vulnerabilidad en la infraestructura o los servicios, garantizando así la continuidad pedagógica y la restitución efectiva del derecho humano a una educación de calidad en todo el país.
MELISSA VARELA / CIUDAD CCS
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