Jueza de Nueva York evaluará inmunidad de Maduro el 17 de diciembre
La defensa alega que era presidente en ejercicio al ser detenido y pide cerrar el caso
18/11/26.- El equipo legal de Nicolás Maduro solicitó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York la desestimación de la quinta acusación sustitutiva presentada por la Fiscalía estadounidense, argumentando que el proceso judicial viola su inmunidad soberana extranjera. La petición consta en un memorando de 72 páginas presentado el pasado 9 de noviembre por los abogados Barry J. Pollack y Anna Estevao, cuya versión testada circula públicamente luego de que la jueza Analisa Torres autorizara el 16 de noviembre mantener bajo sello ciertos anexos del expediente.
La magistrada Torres, quien asumió el caso tras el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein, fijó para el próximo 17 de diciembre una audiencia clave para evaluar los argumentos sobre la inmunidad. De acogerse la solicitud, la Fiscalía quedaría legalmente impedida de volver a formular estos cargos.
De acuerdo con el documento presentado por los litigantes, la solicitud de nulidad se sustenta en dos vertientes del derecho internacional y la inmunidad soberana, los abogados sostienen que la inmunidad debe evaluarse al momento de la detención y afirman que Maduro era el “jefe de Estado en ejercicio de Venezuela” cuando, según los términos del escrito, el Gobierno estadounidense “lo secuestró ilegalmente” el pasado 3 de enero.
El memorando subraya que la propia Fiscalía admite que Maduro asumió el poder por sucesión constitucional en 2013 y continuó ejerciendo “los poderes de la presidencia venezolana” después de 2019. Asimismo, argumenta que el pliego acusatorio no atribuye conductas de índole privada, sino acciones vinculadas estrictamente a los cargos públicos que Maduro desempeñó como diputado, canciller, vicepresidente y presidente.
Entre los hechos señalados por los fiscales figura la presunta venta de pasaportes diplomáticos durante su gestión en la Cancillería, reuniones en el Palacio de Miraflores con dirigentes de las FARC y la creación de un Comando Antigolpe en una sesión de gabinete televisada. En este sentido, el equipo legal destaca que el cargo de conspiración para cometer torturas incorporado por la Fiscalía el 6 de octubre, más de nueve meses después de la captura exige jurídicamente que el acusado haya actuado “bajo el color de la ley”, es decir, investido de autoridad pública. Para la defensa, esta formulación implica un reconocimiento tácito por parte de los fiscales de que Maduro actuó en calidad de funcionario estatal.
Contradicciones diplomáticas y cambios en la acusación
El documento, Pollack y Estevao cuestionan la postura de Washington respecto al reconocimiento diplomático en Venezuela. El texto recuerda que la Administración estadounidense mantuvo contactos directos con Maduro tras la ruptura de relaciones en 2019, citando la visita del enviado especial Richard Grenell a Caracas en enero de 2025 y una llamada telefónica sostenida con Donald Trump a finales de ese mismo año. También apunta que la Asamblea General de la ONU aceptó las credenciales del Gobierno de Maduro de forma ininterrumpida desde 2019, contando en diciembre de 2025 únicamente con la oposición de Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay.
Los abogados califican de “ilógica, en el mejor de los casos” la decisión de Estados Unidos de reconocer y restablecer vínculos diplomáticos con Delcy Rodríguez, recordando que Rodríguez fue nombrada vicepresidenta por Maduro tras unos comicios que la propia Casa Blanca desconoció. A esto suman que Venezuela nunca renunció a dicha inmunidad, lo cual fue denunciado el 5 de enero por el embajador Samuel Moncada ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Por otro lado, la defensa denuncia modificaciones en la redacción de los cargos tras su primer reclamo de inmunidad del 2 de septiembre. Mientras que la cuarta acusación describía a Maduro como quien “es ahora” el líder de facto del país, la quinta versión sustituyó la frase por quien “fue anteriormente” presidente.
Tanto Maduro como la diputada Cilia Flores, cuya defensa también reclama inmunidad se han declarado inocentes de estas imputaciones, descritas por sus abogados como “acusaciones recicladas”. Al cierre de su argumentación, los representantes legales exhortaron a la jueza Torres a decidir con criterio judicial independiente, sin subordinarse a la posición del Poder Ejecutivo estadounidense.
ARIANNA HERNÁNDEZ / CIUDAD CCS
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