25/03/23.- Ahora que se ofrecen facilidades para desarrollar nuestra bloqueada y aporreada economía, algunos agentes comerciales intentan sumar a la usura generalizada la autocensura del consumidor.

Es una vil práctica que consiste en que el consumidor debe abstenerse a no hacer pública alguna irregularidad en la venta o presentación del producto o servicio. Si lo denuncia, entonces es un ataque a la noble e impoluta iniciativa empresarial. Es un pecado capital hablar de eso. Chito. Es el precio que debemos pagar los pobres consumidores para que los agentes económicos recuperen económicamente el país.

Y no me refiero a sectores vinculados a recursos estratégicos (petróleo, gas, minerales, agua, electricidad y telecomunicaciones), para lo cual existen altos niveles institucionales de contraloría social, seguimiento y negociación.

Hablo aguas abajo: de esa casta de comerciantes e incipientes proveedores de servicios con los que tenemos que lidiar los mortales comunes. Parece que tienen el poder de remarcar precios y hasta de irrespetar la tasa del dólar oficial del BCV.

Lo digo porque hay una mala maña comercial que combina maltrato y menosprecio hacia clientes que exigen un buen producto o servicio. Es como si los derechos de los consumidores fueran letra muerta. Aplica para distintos niveles: desde quien te vende un producto de primera necesidad hasta quien te dispensa un servicio. Cualquier bien o mercancía que pagues te convierte en un blanco de maltrato o alguna triquiñuela con los precios.

No debería ser necesario saturar de denuncias al Sundde para que los agentes comerciales y financieros actúen sin perjuicio de quienes les compran. Debería ser una condición natural en su devenir diario, pues sin consumo no hay mercancía y ganancia que valga.

Sin embargo, existe la sensación de que los consumidores deben siempre mostrarse dóciles, sumisos y agradecidos porque un comerciante cumpla su deber de ofrecer un buen servicio y vender sin menoscabo de los derechos de la población. Es casi un favor que nos hacen cuando rematan frutas y hortalizas podridas en un guacal rodeado de moscas.

De hecho, cuando el consumidor denuncia las irregularidades se convierte en un “atacante” a la libertad de empresa; es una suerte de obstáculo para la noble labor del empresariado. No importa si lo que está haciendo el comerciante está mal desde cualquier ángulo. Parece que lo denunciable en este país es solo lo referente al Gobierno o cualquier cosa pública. Lo demás está exento, casi al mismo nivel de la ciega defensa de reyes y monarquías europeas.

Presumo que es parte de nuestra cultura rentística: dejarnos abusar y vejar por aquellos que ofrecen bienes y servicios. Eso explica la solidaridad automática hacia empresas que evidentemente no son un elemento de prosperidad económica, sino todo lo contrario: son amarras de perturbación en el reimpulso económico cotidiano.

En una ocasión un economista brasileño dijo que uno de los problemas económicos del país no es solo la falta de un tejido comercial al menos nacionalista, sino de una cultura de calidad de servicio de sus comerciantes u oferentes. ¿Es así? ¿Todavía predomina la tara cultural de la Casa Guipuzcoana?

Estamos en ciernes. Esperemos que en la recuperación de una sana economía productiva, a los consumidores se les trate con humanidad y no como un objeto-mercancía.

Manuel Palma