La inseguridad ha bajado, pero con base en una fuerte represión en las calles.

30/03/23.- El Salvador cumplió un año desde que se implementó el régimen de excepción, una política que lanzó el gobierno del presidente Nayib Bukele con aprobación de la Asamblea Legislativa, luego de que un estallido de violencia dejara 62 homicidios durante un fin de semana de marzo de 2022. Todo en medio de supuestas negociaciones, nunca oficializadas ni admitidas por las partes, de alcanzar una tregua entre el gobierno y las pandillas callejeras.

La política severa, que suspende derechos y garantías contempladas en la Constitución, ha recibido aplausos entre algunos sectores de la población, pero también ha dejado, en este año, más de 65.000 personas detenidas, en medio de críticas de organismos de derechos humanos de dentro y fuera del país, así como de familiares de los detenidos, por arrestos injustos y que acusan de supuestas violaciones a derechos humanos.

La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ha aprobado 12 prórrogas del estado de excepción y su presidente, Ernesto Castro, ha adelantado que, por considerar que ha tenido buenos resultados en materia de reducción de la inseguridad, continuará con las prórrogas tantas veces como el Ejecutivo lo solicite.

La excepción suspende garantías constitucionales, incluidas la libertad de asociación, el derecho a la defensa y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. El régimen, además, permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de que lo autorice un juez.

La cárcel más grande de América

Como consecuencia de esa política, Bukele logró meter en la cárcel a un sinnúmero de integrantes de las pandillas callejeras o maras, y los ha exhibido públicamente.

La puesta en escena es impresionante. Las cámaras enfocan a centenares de hombres que, vestidos solo con ropa interior blanca, abandonan las cárceles comunes de El Salvador para ser trasladados en autobuses hasta el que es el proyecto insignia de la política de seguridad del presidente Bukele: el Centro de Confinamiento del Terrorismo, un enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda América”.

Ha sido él mismo quien muestra cómo en la madrugada las pandillas, que han sembrado el terror en el país centroamericano, son sacados de sus celdas por oficiales penitenciarios, esposados y obligados a caminar con el cuerpo agachado. Suben a los autobuses y llegan hasta la nueva prisión de máxima seguridad, donde han sido encerrados, en una demostración de poder contra las llamadas maras. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”, ha afirmado el mandatario salvadoreño.

Los videos comienzan con los hombres corriendo con las manos en la nunca, los rostros desconcertados, escuchando las órdenes de sus carceleros. Los pandilleros se sientan en los enormes patios de las prisiones, uno pegado al otro, hasta que el pabellón se llena y muestra una impactante imagen de hombres descamisados, una enorme masa humana de cuerpos, cabezas rapadas, brazos y espaldas tatuadas. Una vez que todos han bajado de sus celdas, la nueva orden es emprender la carrera en fila hasta los autobuses, ahora con las manos a la espalda, esposados.

Es sorprendente el número de cámaras usadas: están en las viejas prisiones, dentro de los autobuses, en la carretera que conecta a la ciudad con el gigantesco centro de confinamiento. Hay tomas y planos cercanos a los rostros de los prisioneros en la oscuridad de la noche. Y con la llegada del alba, la toma del penal, iluminado dramáticamente por los primeros rayos del sol, mostrando el lugar donde se concentran las esperanzas de seguridad de un país golpeado por el crimen.

Maras. Organización de pandillas criminales

Los maras son organizaciones de pandillas criminales originadas en Los Ángeles

(California), a partir de la propia delincuencia que se vivía en esa ciudad estadounidense, y conformadas mayoritariamente por migrantes centroamericanos que, luego de ser deportados, trasladaron a sus países de origen las actividades delincuenciales que aprendieron y perfeccionaron en el país del norte.

En El Salvador las más conocidas es la Mara Salvatrucha (generalmente abreviado como MS, Mara, y MS-13), cuyas actividades incluyen violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras.​​

Violaciones a Derechos Humanos

Un informe de Amnistía Internacional señaló en junio de 2022 que el régimen de excepción vulneró los derechos humanos, por lo que pidió, sin éxito, al gobierno del presidente Bukele poner fin a esta medida de excepción.

A estos señalamientos se han sumado organizaciones locales de derechos humanos y otras internacionales, como Human Rights Watch, que consideran que el régimen ha llevado de manera arbitraria a prisión a algunas personas sin vínculos con pandillas.

Las efectivas medidas de seguridad han llevado tranquilidad a los hogares y, en estas vacaciones de Semana Santa han permitido que las familias acudan masivamente a disfrutar de los distintos destinos turísticos que ofrece el país. Esto evidencia y reconfirma que la población continúa desarrollando su vida con normalidad y confía en las acciones que son implementadas por esta administración.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa votó a favor de reformar el Código Penal para sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita "mensajes o comunicados originados o presuntamente originados" por pandillas.

Originalmente propuesta por el presidente Bukele, la iniciativa -que los medios locales han bautizado como "Ley mordaza"- fue aprobada con los votos de 63 congresistas (de los 84 en el Parlamento), sin estudios previos ni discusión legislativa.

De igual forma la reforma del Código Penal también sanciona la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas.

Así como se autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas.

Finalmente la nueva reforma penal contempla que los menores que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión, mientras los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 en caso de pertenecer a pandillas.

"De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la detención sólo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueve su reintegración como miembro positivo de la sociedad", consideró el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Reportan 111 muertes injustamente

Organizaciones de la sociedad civil de El Salvador presentaron este lunes, a propósito de cumplirse un año del estado de excepción, un informe que reporta a 4.723 presuntas violaciones de los derechos humanos durante este lapso.

De acuerdo con el informe presentado en rueda de prensa, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado un número considerable de casos, en su mayoría conformados por adultos y jóvenes, que constituyen 93 por ciento del total de víctimas.  

Según los datos, se han reportado 111 personas privadas de libertad que han muerto bajo la custodia del Estado y las organizaciones sostienen que la mayoría presenta muerte violenta.

En este sentido, la representante del Servicio Social Pasionista (Sspas), Verónica Reyna, refirió que la mayor parte de las causas de las muertes violentas no se registran en los medios de comunicación porque las investigaciones no se han podido realizar. 

"Al final se presenta un tipo de muerte por condiciones cardiacas, o por problemas respiratorios o de enfermedades crónicas, esas muertes no necesariamente son investigadas y muchas veces tienen como otros signos de violencia que parece haber sido generada dentro de la detención", subrayó la vocera.

De este modo, Reyna mencionó signos de estrangulamiento, quebradura de costillas, heridas de abdomen y cabeza, incluso en reportes oficiales de las autoridades.

LUIS ZÁRRAGA / CIUDAD CCS