08/04/23.- El nivel de complejidad jurídica y política por el reclamo legítimo de la República Bolivariana de Venezuela por un séptimo de nuestro territorio, el cual corresponde a la Guayana Esequiba, ha ocupado y mantenido en altísima expectativa durante el asueto correspondiente a la Semana Mayor 2023 a toda la opinión pública nacional.

A cualquier venezolano —a excepción de los abogados, diplomáticos, historiadores, geógrafos, internacionalistas, entre otros profesionales—, en consideración de no poseer sino mínimas nociones sobre áreas tan especialísimas como el derecho público internacional, el constitucional y el diplomático, se le hace difícil la comprensión y aprehensión de la terminología que se utiliza y las enrevesadas explicaciones para abordar un hecho esencial: pretender despojar de una parte significativa de nuestro territorio a todos los venezolanos.

Sirva de ejemplo la siguiente frase: "La Corte Internacional de Justicia emitirá su sentencia sobre la excepción preliminar interpuesta por Venezuela en el caso relativo al laudo arbitral del 3 de octubre de 1899".

Se intenta por los mecanismos legales, y ajustándonos a las normas de derecho público internacional —área que regula las relaciones entre los Estados—, enmendar errores y sobreponernos como nación a circunstancias históricas que configuraron las condiciones para problematizar y encontrarnos en escenarios como el presente, con posibles consecuencias de tipo jurídico, geopolítico y económico que serían absolutamente inconvenientes para el Estado venezolano.

Es imposible abordar en este artículo cuáles son las estrategias adecuadas y los caminos que debe adoptar el país, en un análisis de orden prospectivo, para garantizar el éxito en un conflicto con una nación limítrofe, en el marco de la diplomacia de paz como directriz maestra de la política exterior venezolana.

Pero de lo que no cabe duda es que se trata de un tema de importancia capital. Es un asunto de Estado, cuyo impacto directo es sobre la soberanía nacional. Por lo tanto, llama a todos los sectores de la nación a congregarnos en torno al concepto de identidad venezolana, como la república del bravo pueblo, artífice de la patria grande, y a hacer un gran esfuerzo por comprender y convencernos de que estamos sometidos a planes de orden geoestratégico y geoeconómico, que desarrollan y ejecutan actores con pretensiones hegemónicas por el control de yacimientos petrolíferos y de rutas oceánicas y comerciales, en un contexto inminente de conflagración bélica entre las grandes potencias militares.

Eso que aprendimos en primaria y bachillerato, como la posición astronómica de Venezuela y las ventajas que se derivan de esa ubicación como país con fachada atlántica —y además rica en yacimientos de commodities vitales desde el punto de vista energético e industrial—, y el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, conforman un marco incontrovertible que permite explicar las motivaciones y razones subyacentes para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —instancia de orden supranacional e instrumento de manipulación al servicio de las naciones más influyentes—, por razones de orden estrictamente geopolítico, configure el escenario para someter y adecuar los mapas políticos de los continentes en función de los objetivos de ciertos Gobiernos.

Ayer determinadas naciones se comportaban como esclavistas, expansionistas, colonialistas e imperialistas, y hoy hacen lo mismo a través de sus empresas y organizaciones multinacionales, transnacionales y globales, propias de la evolución y adaptación del sistema capitalista. 
La historia puede dar fe y evidenciar, desde una perspectiva crítica y descolonial, que la humanidad y sus múltiples conflictos religiosos, étnicos, territoriales, entre tantos otros, han podido explicarse a través de la geopolítica y la geoeconomía.

Necesario será lograr con audacia e inteligencia, y con base en la interacción honesta y en el derecho por la audeterminacion de los pueblos, con una población cohesionada y consciente de todos los factores y sectores de la vida nacional, que se internalice en Guyana y en Venezuela que seremos siempre vecinos, prisioneros de la geografía.

Solo a través de la negociación exclusiva entre ambas naciones, como se convino en el Acuerdo de Ginebra de 1966, debe ser explorada conjunta y cooperativamente una solución pacífica de largo alcance y con ventajas que compensen los intereses y necesidades de nuestros pueblos. Debe necesariamente surgir una solución de nosotros mismos, como parte del sur global.

Héctor E. Aponte Díaz

tintepolisemicohead@gmail.com