17/04/23.- En los feminismos, uno de los debates más candentes que se está dando en la actualidad es el que tiene que ver con la prostitución o el trabajo sexual. Hasta ahora siempre me he parado desde el abolicionismo, no desde el prohibicionismo ni tampoco desde el regulacionismo, pero como dije en mi artículo pasado, el mundo se mueve y yo intento moverme con él, no enfrascarme en posiciones fijas e inapelables. Es entonces cuando, al calor de los acontecimientos y desde el país del que soy y en el que vivo, me da un soberano fastidio plantearme ese debate.

Pero hay cosas que sí sé. Lo primero es que no soy quién para etiquetar a nadie y llamarla como no quiere ser llamada, así como no se habla de los cuerpos de las demás y los demás. Tampoco seré yo la que le diré prostituta a la que, obligada por las circunstancias, tuvo que poner su capacidad de tener sexo en venta. Llamaré a estas personas como se sientan más cómodas y más dignas, que por lo que me han manifestado es "trabajadoras sexuales".

Cierto es que nadie tiene como expectativa de profesión ser trabajadora del sexo, pero todas, todos y todes los que tenemos conciencia de clase sabemos que en un contexto de necesidad económica apremiante, las, los y les pobres lo que tienen para intercambiar en el mercado capitalista son sus cuerpos. En el caso de las mujeres y más para las trans la cosa siempre será peor, porque la desigualdad de género que ha creado durante estos miles de años el patriarcado no hace sino poner en la mente de los hombres que su poder existe en tanto se demuestren a sí mismos y a la sociedad que tienen autoridad sobre nuestros cuerpos. Por tanto, su masculinidad, siempre frágil por demás, tiene un campo donde se afirma o se destruye, y ese lugar es la cama.

Ahora bien, más que preocuparme sobre qué es lo feministamente correcto, me alarma que no exista ni legislación ni políticas públicas para proteger a las mujeres que ponen sus cuerpos y su seguridad en riesgo en las calles de Caracas, Valencia o Maracaibo y que el Estado no asuma su responsabilidad con estas mujeres. Es en este sentido que me atrevo a posicionarme sobre este tema. Lejos del debate que se puede estar dando en otros países, la seguridad social no es una de sus prioridades. Más apremiadas están por tener acceso a pruebas y tratamientos para las múltiples infecciones sexuales a las que se ven expuestas, pues aún en nuestro país las políticas sanitarias hacia ellas, ellos y elles están dirigidas a proteger a los clientes, ya que para poder trabajar en locales requieren del certificado de salud, que al final solo sirve para que aquellas que no lo tengan puedan ser extorsionadas por no cumplir con esta norma. Que se les facilite el acceso a otro tipo o medio de vida, menos peligroso, pero que les permita sostenerse a sí mismas y a sus familias es lo urgente.

¿Que si los hombres que requieren de estos servicios deben ser penados por la ley? En este momento, poco me quita el sueño sus destinos. Lo que sí me preocupa es que una mayor restricción signifique la persecución y victimización de las, los y les trabajadores sexuales. Este es el debate que yo creo que debemos plantearnos aquí y ahora.

Daniella Inojosa

Tinta Violeta