20/05/2023.- El presidente Nayib Bukele no pasará a la historia latinoamericana y mundial solo por lograr un año sin homicidios en El Salvador. También tendrá un sitial destacado porque ese inédito paréntesis de tranquilidad ciudadana hizo volcar todas las miradas hacia una denuncia de la vieja izquierda que los medios ocultan sistemáticamente: la estabilidad de las democracias occidentales no depende de la seguridad ciudadana, sino de los altos grados de violencia delictiva y conflictividad política. La inversión cada vez más abultada del Estado en armas y recursos para perseguir a los opositores con igual o mayor saña que al hampa y el curioso nombre de la megacárcel de Bukele (Centro de Confinamiento del Terrorismo) apuntan directamente a que en el futuro inmediato la oposición política y el hampa común sean reprimidos en simultáneo, en un mismo lugar y bajo una misma calificación penal, una práctica, por cierto, muy común, tanto en democracias como en dictaduras.

¿La oposición esposada?

Es notorio que Bukele, con un agresivo y acelerado sentido de la oportunidad, está renovando permanentemente el estado de excepción para crear, bajo presión, una legislación extrajudicial a su medida. En 2021, apoyado en su mayoría legislativa, expulsó a cinco jueces de la Sala Constitucional y pocos meses después, esa misma instancia autorizó su "reelección inmediata", pese a estar prohibida por la Constitución. Fue su respuesta a Estados Unidos cuando le pidió no reelegirse.

La amenaza punitiva podría explicar la tibia oposición de los otrora poderosos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacional (Arena), hoy desplazados por Bukele después de gobernar treinta años y firmar acuerdos con las pandillas.

Las palabras sustituidas por los hechos

Pocos gobiernos tienen autoridad política y moral para darle clases de derechos humanos y seguridad personal a El Salvador. En 2023, mientras el país centroamericano disfrutaba un año sin homicidios, Los Angeles Times reportó 88 asesinatos —la mayoría de ellos en tiroteos masivos— en Estados Unidos, donde nacieron los maras, posteriormente expulsados a esa nación centroamericana y que luego (según Wikipedia) se extendieron a Honduras, México, Nicaragua, Guatemala, Canadá, Italia, España, Portugal, Alemania, Australia, Chile e incluso Venezuela.

En 2013, el país norteño registró oficialmente 30.000 homicidios, la misma cifra que encontró Bukele en 2019 al asumir la presidencia.

En 2021 fueron reportados oficialmente más de ochenta millones de norteamericanos con armas de fuego y 16.374 homicidios, casi todos de jóvenes y niños. La impotencia del presidente Joe Biden no pudo ser menos dramática: "¿Cuándo, en nombre de Dios, vamos a enfrentar el lobby de las armas? ¡Estoy harto!".

¿Quién le pone el cascabel…?

Más allá de la violencia y los derechos humanos, hay un desafío de Bukele al que los demócratas no han respondido. El ultraderechista más admirado en El Salvador (77,2 % de apoyo a su reelección ilegal, según la Universidad Privada Francisco Gavidia) y más odiado en el extranjero, rebasó a los partidos de todos los signos ideológicos al nivelar su votación con la llamada "nueva izquierda": Andrés López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile). De paso, ascendió como primera referencia política latinoamericana de la derecha, por encima del neoliberalismo militante, aunque por debajo de la izquierda. El desenlace no es casual si se recuerda que en los primeros tres países mencionados la derecha es cogobierno, y en el último, la victoria presidencial no fue producto de alianzas neoliberales (el ultraderechista José Antonio Kast perdió la presidencia ante Boric 53 % a 44,1 %). En términos generales, la derecha, desde la versión moderada hasta la extrema, es un aldabonazo —por no decir una torcida de oreja— al sistema democrático occidental.

Raúl Pineda