Coordinan implementación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio

Miembros del TSJ y del Ministerio Público se reunieron en el Alto Tribunal

Integrantes del sistema de administración de justicia trabajan en forma coordinada.

 

24/05/23.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP) establecieron líneas de trabajo en referencia a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) del 2020 y que otorga al Estado la titularidad sobre los bienes y activos que sean decomisados a funcionarios públicos que hayan incurrido en actos ilícitos.

El Máximo Tribunal informó que busca “garantizar la prestación de un servicio judicial expedito y eficiente a la población, de conformidad con los preceptos establecidos en la Constitución”.

El encuentro se realizó en la sede del máximo tribunal del país y por el TSJ estuvo presente el magistrado Henry José Timaure Tapia, segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Civil, y por el MP, Milagros Salcedo, directora general de Servicios Jurídicos; Fernando Silva, director general contra la Delincuencia Organizada y Ángel Fuenmayor, director general Contra la Corrupción.

El magistrado Timaure Tapia indicó que el objetivo fue priorizar y conocer los lineamientos relacionados con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que tiene como fin establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales, mediante la activación de tribunales civiles designados para conocer las causas de extinción como parte de la lucha que libra el Estado venezolano contra la corrupción.

La reunión tuvo como objetivo, según nota de prensa del Máximo Tribunal, “garantizar la prestación de un servicio judicial expedito y eficiente a la población, de conformidad con los preceptos establecidos en la Constitución”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el 28 de abril la “constitucionalidad del carácter orgánico” de la Ley de Extinción de Dominio, que fue aprobada por unanimidad el jueves 27 en segunda discusión por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020.

EYLEEN BARAZARTE / CIUDAD CCS

 


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