30/05/2023.- Cuando se habla de corrupción administrativa, hay que deslindar los dos tipos que existen: aquella en la que hay un soborno de por medio y la que se caracteriza por una apropiación parcial de elementos monetarios o físicos del patrimonio nacional.

Dedicaré el resto de la nota al primer tipo, el que involucra a personas de nivel bajo o medio de la administración pública. Sin ánimo de insultar, son equivalentes a los rateros con respecto a los ladrones de cuello blanco.

Cuando se habla de este tipo de corrupción, se hace referencia al funcionario que recibió un soborno, pero pocas veces —o nunca—, a quien lo entregó.

En términos éticos y legales, ambos son igualmente corruptos. No es como en los casos de violación, donde la casi totalidad de las veces hay claramente un victimario y una víctima y, por más que los defensores de los violadores digan que la dama provocó a su cliente, esto muy rara vez es así.

Cierto que hay funcionarios que exigen la coima para actuar, pero también hay personas que la ofrecen o la dan sin que se las pidan. Y, de hecho, se molestan si no se las reciben.

A quien siempre se critica o ataca como corrupto es al eslabón débil del dúo, es decir, al sobornado. Al sobornador, pese a haber participado del mismo acto, e inclusive ser gran cantidad de veces quien ofrece o impone la coima, se le considera una víctima.

Incluso, hay excusas comunes, como las frases hechas, a las que los corruptores y sus defensores apelan para justificarse: "Es que no me quedó más remedio que ceder a lo que me pedían"; "Es que, si no, iba a pasar mucho tiempo para que me dieran el documento"; "Es que... Es que..." y miles de "es que..." más.

Hay —y me consta— demasiados individuos —hombres y mujeres— que obligan al (o a los) funcionario(s) a recibir el dinero o la prebenda que le(s) dan, a cambio de una firma, un voto o su complicidad. En muchas más oportunidades de las que se reconocen, lo hacen mediante chantaje inverso: "Si no lo aceptas, digo que me hiciste..." esto o lo otro, o mediante imposición, a través de un burócrata de mayor rango.

Es muy común que alguien llegue a una oficina pública o privada y ofrezca dinero. Tan usual que ya no genera asombro y hasta luce normal. De hecho, las palabras coima y soborno han sido sustituidas por un vocablo que pretende dotar de legitimidad al acto: comisión.

Como es obvio pensar, los funcionarios más volubles al soborno son los de los cargos y sueldos más bajos. En este grupo destacan los encargados de hacer cumplir las leyes, esto es, policías y fiscales de tránsito.

Sé de infinidad de casos —algunos los he presenciado— en los que, en lugar de admitir la falta en que se ha incurrido, la primera reacción es mentarle la madre al agente y la segunda es ofrecerle dinero para que no ponga la multa y deje ir al infractor.

Es algo tan habitual que las y los mismos corruptores no advierten la falta que cometen y cuentan sus anécdotas de pudrición moral como chistes.

En tanto esto se perciba así, va a ser sumamente difícil erradicar tal problema.

Armando José Sequera