Hablemos de eso | La fuerza de los hechos

Autorización del gobierno peruano al ingreso de tropas estadounidenses a su territorio

04/06/2023.- La noticia remueve las entrañas y no extraña. En las manifestaciones de diciembre del año pasado y enero de este año, la gente exigía la renuncia del Congreso peruano, ese mismo que avaló el golpe que permitió el ascenso al poder de Dina Boluarte, ex vicepresidenta y compañera de fórmula de Pedro Castillo, la misma que hizo campaña en favor de un gobierno popular, de los olvidados de siempre y que después se volteó sin mayores escrúpulos. La protesta se fue apagando ante la represión y la ausencia de un instrumento político que le diera cauce.

"Dina, asesina", gritaban entonces y la protesta que ahora se reaviva insiste. No dejan de tener razón. Para quienes gustan de fuentes extranjeras y creen a pie juntillas más en la palabra y el juicio del extranjero que en la fuerza de los hechos presenciados, tomamos un artículo de The New York Times, publicado el 16 de marzo de 2023, actualizado el 24 de marzo y firmado por Brent McDonald y Ainara Tiefenthäler. "La policía y el Ejército de Perú usaron fuerza excesiva contra manifestantes", se titula. Es un artículo de investigación del periódico y eso de "fuerza excesiva" se refiere al uso de fusiles Kalashnikov y Galil, con munición real, para asesinar manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Reporta la Defensoría del Pueblo de Perú 49 personas asesinadas y 970 heridas. "La investigación del Times descubrió que la mayoría de las muertes fueron causadas por armas de fuego". La acompañan de numerosos videos y fotografías demostrativos e ilustran algunos casos. En Ayacucho, las imágenes muestran a soldados que persiguen a los manifestantes "mientras disparaban de manera indiscriminada en dirección a los civiles que huían" y varios soldados descargan

hasta 20 veces con fusiles de asalto Galil en dirección a un parque de la ciudad donde había gente escondida (…) una cámara de seguridad situada frente a un parque municipal graba una bala que alcanza por la espalda a Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años, cuando cruzaba la calle (…) Las imágenes muestran a soldados disparando hacia donde estaba Christopher con fusiles de asalto Galil. Los soldados estaban a unos 90 metros de distancia, una distancia dentro del rango de alcance de 396 metros del arma, y dispararon proyectiles de 5,56 milímetros, consistentes con la bala que mató a Christopher…

"Momentos después, a una cuadra de distancia, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, cae muerto de un balazo en la cabeza", con imágenes de soldados disparando sus fusiles de asalto con ángulo y distancia convenientes, balas asesinas consistentes con las que disparaban. "Otras seis víctimas presentaban heridas de bala compatibles con el calibre de la munición disparada por los fusiles Galil".

En la ciudad de Juliaca se produjo la mayor masacre: "Dieciocho civiles, entre ellos tres menores y un residente médico, murieron por disparos, según los registros hospitalarios (…) Otras 70 personas resultaron heridas, al menos 31 de ellas por armas de fuego". De nuevo, el reportaje detalla casos, informes de balística, autopsias, testimonios de expertos y videos.

Dina Boluarte había decretado un estado de emergencia que permitía a la policía mayores poderes para detener personas, allanar residencias y reprimir las protestas, Igualmente autorizaba al Ejército para "colaborar en el control de los disturbios". La Presidenta de facto declaró, desacreditando las manifestaciones que pedían su destitución y la convocatoria a una Asamblea Constituyente: "Esa no es una protesta pacífica. Eso es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales", que tendrían una agenda política, "basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando". La Fiscalía peruana la investiga y puede que, como ficha desechable de la oligarquía, hasta la condene.

Las escenas se reavivan hoy, cuando, según informa DW: "El gobierno de Perú autorizó el ingreso de más de mil militares de Estados Unidos que realizarán entrenamientos con las FF. AA. y la Policía Nacional, según dos resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano”.

Ese ejército y esa policía que actuaron asesinando a quienes protestaban contra la imposición de un gobierno de facto reciben hoy un espaldarazo del gobierno de Estados Unidos. La misión de "entrenamiento" que anuncian con "fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, cañones cortos, morteros y escopetas" se acompañará con el ejercicio militar internacional Resolute Sentinel 2023, para el cual también se autoriza el ingreso de "medios aéreos, medios náuticos y personal militar".

Como todo ejercicio militar en terreno, es una amenaza, desde territorio sudamericano, justo cuando desde nuestros países se anuncia un esfuerzo de "unidad en la diversidad", unidad indispensable para avanzar hacia una verdadera independencia. Justo cuando se anuncian nuevas protestas sociales. Pero tiene antecedentes. Según soaw.org:

El loteamiento de la Amazonía peruana para exploración y explotación de petróleo y gas a través de concesiones de largo plazo a empresas transnacionales estuvo acompañada de una creciente presencia militar de Estados Unidos en el territorio peruano: 43.779 militares estadounidenses ingresaron al Perú en 2004; 12.511 ingresaron en 2006; 5.117, en 2007; y 5.516, en 2008. Entre 2003 y 2010 ingresaron un total de 87.516 soldados estadounidenses para realizar ejercicios de entrenamiento militar en mar, tierra y en ríos; entrenamiento antisubversivo y de inteligencia en conjunto con las fuerzas armadas y policiales del Perú y ejercicios de reconocimiento de terreno en zonas de alto conflicto social.

 

Humberto González Silva


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