01/07/2023.- La Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido en un pendón de propaganda y de intención política en manos de un grupo de jueces y funcionarios reaccionarios de ese tribunal del planeta. El nuevo fallo de la CPI, de fecha 28 de junio de 2023, ordena reanudar la investigación de violaciones de los derechos humanos por los supuestos delitos contra la humanidad cometidos por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. No cabe duda de que la decisión se declina a favor de la imprescriptibilidad de los que sí son crímenes de lesa humanidad, cometidos por la oposición venezolana durante la escalada terrorista, en el programa Plan Nacional de Derechos Humanos (DD. HH.) aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de fecha 27 de febrero de 2016, para afianzar los logros alcanzados en esta área.

Sin embargo, para la CPI, los crímenes de lesa humanidad entran diariamente en contradicción con el esquema y el procedimiento penal a considerar en la búsqueda de los fundamentos, objetivos y proyecciones. Respecto a Venezuela, la parte opositora cometió infracciones a la ley, y el infractor no es un obstáculo real. La CPI ha convertido el tema de los DD. HH. en un arma contra el Estado venezolano, que tiene como misión castigar a los individuos que forman parte de la delincuencia organizada financiadora del terrorismo.

En nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, se preceptúa: prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Con ello se busca elevar el bienestar material, la cultura y la conciencia de los venezolanos, servir en la creación de algunas de las condiciones para extirpar el crimen y sustituir, a fin de cuentas, las sanciones penales por medidas de influencia y educación social mediante formalidades legales supletorias. El gobierno del presidente Maduro, en materia de DD. HH., siempre ha actuado apegado al debido proceso en relación con los actos judiciales y administrativos, de conformidad con lo contemplado en nuestra carta magna y los tratados internacionales vinculados con la materia penal que han sido suscritos y ratificado por la República Bolivariana de Venezuela.

¿Cómo puede aspirar a convertirse en abanderada de los DD. HH. la CPI cuando pretende desestimar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil por la oposición venezolana? Por ejemplo: la muerte intencional de venezolanos en acciones de piromanía; los ataques a civiles que no participaban en la contienda política; los asaltos intencionales a personal de instituciones públicas y privadas; el causar la muerte a personas desarmadas que militaban en el sector contrario; las agresiones dirigidas intencionalmente a instalaciones hospitalarias que agrupaban enfermos y heridos; promover de manera deliberada la inanición de la población como método de hacer política, etc.

Por ello, el Estado venezolano acudirá ante la Sala de Apelaciones de la CPI a presentar su desacuerdo, lo que en legítimo derecho procede frente a ese engendro con fines políticos.

J. J. Álvarez