24/07/2023.- En los últimos años ha tomado cada vez más fuerza el debate sobre las infancias y la educación sexual integral. Parece que, desde los distintos puntos de vista en disputa, se apela a la protección de niñas y niños como el principal motor argumentativo.

Quienes debatimos desde un lugar de enunciación feminista, colocamos como soporte teórico y político el marco de los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez y la perspectiva de género; todos, enfoques consensuados por la humanidad y plasmados en los tratados internacionales.

Desafortunadamente, las feministas sabemos que derecho ganado no es derecho blindado y que debemos preocuparnos ante el avance de grupos conservadores y antiderechos que ponen en riesgo las leyes que protegen a niñas, niños y adolescentes (NNA).

La Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) de 1989, firmada y ratificada por casi todos los países del mundo, es un tratado internacional que protege los derechos de las infancias, siendo un estándar normativo básico para los Estados, cuyos principios deben orientar e incorporarse en las leyes y planes nacionales.

La CDN coloca en el centro el principio del interés superior de la niñez, el cual reconoce a NNA como personas, con igual valor humano, con voz propia y sujetas de derechos. La CDN cuestiona el enfoque adultocentrista dominante, que es la práctica violenta de menospreciar las opiniones y vivencias de NNA bajo el supuesto de que la perspectiva adulta es más racional y "superior". La Convención también demanda al Estado y a la sociedad escuchar y consultar a NNA sobre los temas que les afecten y que las políticas públicas consideren sus voces, intereses y máximo bienestar.

Y si de bienestar hablamos, el Estado venezolano está obligado a generar y garantizar las condiciones materiales y simbólicas para que NNA gocen de sus derechos a la recreación, a la educación, a la salud, a la alimentación y a una vida libre de violencia, entre otros derechos.

Sin embargo, en Venezuela tenemos la tasa de embarazo adolescente más alta de la región (UNFPA, 2020; Avesa, 2015) y el abuso sexual es una práctica normalizada, que en la mayoría de los casos queda impune.

No tenemos que descubrir el hilo negro

Suficiente es la evidencia de países donde se han implementado programas educativos de educación sexual (como en Uruguay, Canadá y Argentina), que reconocen que los derechos sexuales y reproductivos son la base de la dignidad y autonomía corporal y que han tenido importantes logros para reducir el embarazo adolescente y los abusos sexuales a menores de edad.

Por tales motivos, estamos llamadas a consolidar, junto a NNA, una educación sexual integral en las escuelas. Esta —de acuerdo a las edades— debe proporcionar información científica sobre sus cuerpos, el consentimiento, los métodos anticonceptivos, la prevención del embarazo adolescente, así como de las enfermedades de transmisión sexual, la agresión sexual y la violencia por razones de género. Además, que también consolide en los imaginarios colectivos la necesidad de defender y respetar el derecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos.

Así, la educación sexual integral resulta vital para garantizar la dignidad y bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes y para dar pasos significativos en el logro de la igualdad.

Isabela Boada Guglielmi^∗

^∗ Magíster en Políticas Públicas y Género