El 24 de junio de 2022 fue un día trágico en la historia de los feminismos. La Corte Suprema de los EE. UU. anulaba la sentencia Roe vs. Wade, en la que se establecía, desde 1973, el derecho constitucional de las estadounidenses a practicarse un aborto. Derecho humano que estaba amparado en la enmienda 14 de la Constitución, en la que se reconoce el derecho a la privacidad y, por ende, se instituía la libertad absoluta de las mujeres a practicarse un aborto durante los tres primeros meses de gestación y se dejaba a los estados la potestad de establecer regulaciones sobre la materia a partir del segundo trimestre. Este fallo marca un antes y después en la lucha de las organizaciones feministas por la autonomía de sus cuerpos y representa un retroceso significativo dentro de este movimiento con gran trayectoria en ese país y que en la actualidad ha tomado fuerza en el resto del continente, donde la Marea Verde está luchando por la despenalización del aborto en los distintos países de América Latina.

La decisión de la Corte Suprema –que esta vez contó con mayoría de jueces republicanos– es un veredicto que coloca en jaque a las organizaciones feministas y de derechos, al dar a los estados la potestad de prohibir, ilegalizar o permitir el aborto según sea el caso. La sentencia estuvo apoyada por estados como Texas, Misuri y Misisipi, entre otros, donde el Partido Republicano lideraba las campañas antiabortistas. Luego de ser aprobado el fallo, estos estados comenzaron a establecer sus normativas ilegalizando y criminalizando el aborto, lo que trae resultados devastadores para las mujeres que quedan imposibilitadas de acceder a una interrupción de manera legal y segura; al menos que puedan trasladarse a otros estados como Nueva York, California o Washington en donde la legislación apoya ese derecho. No obstante, muchas mujeres no tienen los recursos para ir a otras regiones y serán las más pobres, afrodescendientes, latinas y migrantes las que más sufran las consecuencias.

Esta decisión coloca sobre el panorama la repercusión que actualmente tienen los movimientos conservadores y religiosos en la política del país norteamericano, muchos de ellos con grandes influencias dentro del poder político y económico estadounidense. No es casual que durante el gobierno de Trump se hayan elegido a cuatro jueces para la Corte Suprema y él haya manifestado abiertamente su postura antiabortista. Es bien sabido que muchas de las campañas de los republicanos –e incluso de los demócratas– son financiadas por grupos religiosos de gran peso.

Por otro parte, la política estadounidense, como país hegemónico y potencia mundial, repercute de manera significativa en los procesos socio-políticos de América Latina, en donde cada vez más la avanzada conservadora, liderada por movimientos de corte religioso, gana terreno. Esta decisión puede ver empañados los avances que países como Uruguay, Argentina, México y Colombia han tenido. Ello sin mencionar a aquellas regiones cuyo marco legal es todavía más restrictivo y se criminaliza a las mujeres que se realizan un aborto, como son los casos de Centro América y el Caribe. La sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. ha logrado lanzar un duro golpe a la agenda feminista que se ha puesto en marcha en muchos países de la región, en donde las organizaciones y colectivas luchan día a día por mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Niyireé S. Baptista S.