22/08/2023.- Una mujer detenida en el comando de PoliHatillo salió embarazada de otro preso. Los custodios merecían ser destituidos, expulsados, pero les fabricaron varios delitos (sin pruebas) y ya llevan dieciocho meses presos.

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Quince profesionales del derecho (cinco privados y diez públicos) han revisado el expediente y todos coinciden en que allí no hay nada o, por lo menos, nada serio. Un grupo de diputados también tuvo acceso al expediente, en el marco de una "operación cayapa" y tienen la misma opinión. Incluso fueron más allá al decir: "Allí lo que hay es puro chisme, puros dimes y diretes". Sin embargo, esta opinión no fue compartida ni por la Fiscalía que los imputó ni por los jueces que han tenido los documentos en las manos. Quince agentes de la Policía Municipal de El Hatillo ya llevan dieciocho meses detenidos y es probable que, en algún momento, alguien en el camino decida hacer justicia y ordene la libertad de los ahora enjuiciados, pero, esos meses perdidos, nadie tiene el don de resarcirlos. Pareciera que esa es la modalidad cuando de venganzas o retaliaciones se trata, o cuando se necesitan chivos expiatorios. Ha pasado innumerables veces: se busca a la víctima seleccionada, ni siquiera se molestan en sembrarle nada, sino que arman el expediente con acusaciones muchas veces sin sentido. Ellos saben que al final se develará la verdad, pero ya el mal está hecho y los que armaron la tramoya se habrán salido con las suyas.

Todo comenzó cuando una mujer, detenida en el comando de PoliHatillo por el delito de complicidad en un sicariato, salió embarazada de otro recluso que estaba ahí por hurto. Se armó la mamá de los escándalos y, por supuesto, la vaina se hizo viral. El cargo de los jefes estaba en juego, pues no se podía justificar cómo tuvieron relaciones si estaban presos en áreas diferentes. Difícil que algo así pase y ninguno de los jefes se entere. Después la cosa se complicó porque un hermano de la muchacha presa difundió una carta según la cual los policías la estaban presionando para que abortara el bebé. Se hablaba de que iban a destituir al director, que iban a intervenir el organismo policial. Pero nada ocurrió. Se decidió, como suele ocurrir en estos casos (¿se acuerdan del "chinito de Recadi"?), que la cuerda reventara por lo más delgado. Sin embargo, debían hacerlo de tal manera que sonara convincente, contundente, que acallara el clamor de la colectividad y entibiara las hasta ahora encendidas redes sociales. La decisión se anunció con bombos y platillos: "Detenidos quince policías y puestos a la orden de la Fiscalía". La primera gran aberración es que algunos de los policías inculpados estaban de vacaciones, otros tenían reposos (todo consta en el expediente), pero no les importó. Luego expusieron los delitos achacados, que parecen haber sido sacados no de análisis y evaluaciones jurídicas, sino más bien de “una lluvia de ideas”. Colocaron corrupción (es obvio que si los policías permitieron que el preso y la presa tuvieran relaciones, cobraron por ello, por aquello —ilegal también— de que dentro de la cárcel todo tiene un precio). Lo malo es que en el expediente no hay nada que corrobore ese delito, solo es presunción. El segundo delito grave que colocaron es "aborto sufrido", figura no especificada en el Código Penal, por lo que es de imaginar que lo "crearon" para tratar de darle fuerza al hecho supuesto (pues no está probado en autos) de que los policías instaron a la detenida a abortar. De entrada esto no tiene mucho sentido, pues el aborto nunca se llevó a cabo y la niña ya tiene más de un año de nacida.

El artículo 432 de nuestro Código Penal establece que "La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años". El artículo 433 dice:

El que hubiere provocado el aborto de una mujer, con el consentimiento de esta, será castigado con prisión de doce a treinta meses. Si, por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlos, sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de tres a cinco años; y será de cuatro a seis años, si la muerte sobreviene por haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella.

El artículo 434 contempla que

El que haya procurado el aborto de una mujer empleando, sin su consentimiento o contra la voluntad de ella, medios dirigidos a producirlo, será castigado con prisión de quince meses a tres años. Y si el aborto se efectuare, la prisión será de tres a cinco años.

Luego colocan otros tres delitos menores, pero igual sin prueba alguna o descabellados, tal es el caso de agavillamiento (si no hay pruebas contundentes de que se cometieron los dos delitos anteriores, este no tiene sentido), amenazas (no está plasmada ninguna prueba en el expediente) y quebrantamiento de la custodia (más rebuscado, imposible).

Lo que ciertamente debe haber ocurrido, pero es una falta administrativa, es que hubo negligencia, omisión, que en el peor de los casos pudo haber desencadenado en la expulsión del cuerpo policial de los que resultaren comprometidos. Además de que esta falta recae también contra las máximas autoridades del recinto, ¿o es que allí pasaban cosas y ninguno de los jefes sabía?

Si hablamos de matraca o corrupción (lo que ciertamente es posible que haya ocurrido), podemos presumirlo, pero los expedientes no aceptan presunciones, sino que cada hecho a imputar debe tener indicios o elementos probatorios.

En el curso del juicio han surgido versiones que parecen chismes de ascensor, pero que bien podrían intentar explicar la verdad verdadera del porqué se ensañaron contra los uniformados. Por ejemplo, que un comisario de nombre Gustavo Moros, de la directiva de PoliHatillo, era novio de la jueza Tamar Camacaro, quien para entonces era titular del Juzgado Octavo de Control, que fue el que conoció del caso. También se dice que otro alto jefe de PoliHatillo resultó ser compadre del fiscal César Flores, que fue quien armó el expediente e instruyó la imputación.

Por lo pronto, se sabe que la bebé nació (ya tiene cerca de año y medio) y está en perfecto estado de salud; la detenida ya recobró su libertad, al igual que el padre de la niña. Los quince policías (entre quienes merecían ser destituidos aquellos a los que se les probara su falta administrativa) siguen tras las rejas, ahora a la orden del Tribunal Quinto de Violencia de Género de Juicio.

Lo más grave de todo esto son los precedentes. A cualquier funcionario no le importa viciar o "aliñar" un expediente porque está seguro de que el fiscal no se opondrá. A su vez, el fiscal puede hacer lo mismo porque está convencido de que el juez lo avalará, bien porque sea amigo, bien porque tenga mucho trabajo y le dé flojera leer todos los folios, bien porque tenga miedo de no tocar ciertos intereses o bien por aquello de que "entre bomberos no podemos pisarnos la manguera". ¿Será por eso que la mujer que sale con una espada en la mano y en la otra una balanza pidió que le vendaran los ojos?

Wilmer Poleo Zerpa