Respuesta de Estado y pueblo contuvo la emergencia por doblete sísmico

Poderes públicos y unión cívico-militar avanzan en atención y reconstrucción nacional

23/07/26.- A casi un mes del devastador evento telúrico que sacudió la franja del centro-norte costero venezolano el pasado 24 de junio de 2026, las secuelas de las dos potentes réplicas de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter continúan en el centro de la agenda pública nacional. No obstante, frente a las complejas afectaciones registradas en infraestructuras viales, servicios básicos y estructuras habitacionales en La Guaira, Miranda y la Gran Caracas, la actuación del Estado venezolano ha marcado la pauta institucional para la contención de la crisis.

Desde las primeras horas posteriores al desastre, el ejecutivo nacional junto a los poderes del Estado activó un robusto operativo orientado a proteger la integridad territorial, resguardar las vidas humanas e iniciar de manera simultánea la fase de recuperación económica y social. Este esfuerzo colectivo ha permitido desmontar matrices de opinión promovidas desde el exterior que intentaron calificar de tardía la reacción gubernamental o desacreditar la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas, demostrando en la práctica que el modelo de contingencia aplicado responde estrictamente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Una respuesta inmediata

La tarde del 24 de junio cambió repentinamente la dinámica del país cuando dos terremotos sucesivos causaron serios colapsos en las arterias viales principales y edificaciones del litoral central y la capital. La reacción del gobierno bolivariano no tardó en ejecutarse. La presidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez, emitió la primera alocución oficial en cadena nacional para infundir calma a la población e informar la activación inmediata del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y del Puesto de Comando Presidencial pocas horas tras lo ocurrido.

En ese primer contacto con el país, la mandataria anunció el decreto de estado de alarma constitucional, un mecanismo legal contemplado en el ordenamiento jurídico que facultó la movilización extraordinaria e inmediata de recursos económicos, equipos de ingeniería pesada, contingentes médicos y cuerpos de seguridad del Estado.

Como primera medida de resguardo físico y contención psicológica para las familias temerosas por las réplicas, las autoridades procedieron a la apertura inmediata de parques recreativos emblemáticos como el Parque del Oeste Alí Primera, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, el Parque Rómulo Gallegos y el Parque Itagua en Montalban, transformándolos en zonas de seguridad y resguardo temporal de acceso directo para la ciudadanía.

Con las vías terrestres parcialmente bloqueadas por derrumbes de magnitud en la cordillera de la Costa, la logística gubernamental desplegó en cuestión de horas un complejo puente aéreo para conectar el estado La Guaira con Caracas.

Durante los días comprendidos entre el 25 y el 30 de junio, las autoridades instalaron puestos médicos avanzados y hospitales de campaña dotados de insumos quirúrgicos y medicamentos, garantizando la atención inmediata de los heridos y el traslado aeromédico de pacientes críticos. A la par del despliegue sanitario, las instituciones del Estado estructuraron los primeros refugios temporales, sentando las bases para lo que hoy se consolidó como una red de 107 campamentos transitorios desplegados en las siete entidades declaradas en emergencia, prestando atención integral a más de 128 mil familias golpeadas por la tragedia.

Fundamentos constitucionales de la unión cívico-militar en la Zona Cero

Uno de los aspectos más debatidos por sectores opositores y medios de comunicación extranjeros fue la presencia masiva y el control operativo asumido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la llamada "zona cero", concentrada principalmente en el estado La Guaira.

Frente a los señalamientos que calificaron la medida como una militarización injustificada o un exceso de control social, la legislación venezolana y los manuales internacionales de gestión de desastres demuestran que este despliegue es una exigencia de carácter constitucional y de seguridad de la nación.

El artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta de manera inequívoca al ejecutivo para declarar el estado de alarma ante catástrofes o calamidades públicas que pongan en peligro a la ciudadanía, otorgando el marco legal para disponer de todas las capacidades operativas del Estado de manera expedita.

Asimismo, la actuación de la Fuerza Armada se fundamenta de forma estricta en el artículo 328 constitucional, el cual establece que la FANB no sólo tiene como misión la defensa bélica del territorio, sino la obligación de participar activamente en el mantenimiento del orden interno y en el desarrollo integral de la Nación. En circunstancias de catástrofe natural, donde la infraestructura básica colapsa y la vulnerabilidad aumenta, la presencia de la FANB y los cuerpos de seguridad resulta indispensable para preservar el orden público, evitar saqueos o hechos vandálicos que atenten contra la propiedad privada de las propias víctimas, y garantizar que la recepción de ayuda humanitaria no sufra desviaciones.

De igual manera, el concepto de seguridad de la nación, tipificado en el artículo 322 de la Carta Magna, consagra el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil bajo la doctrina de la unión cívico-militar. En el caso de zonas muy afectadas como  La Guaira, la FANB aportó sus componentes de aviación, parques de maquinaria pesada y el cuerpo de ingenieros para abrir caminos, retirar miles de toneladas de escombros e instalar refugios dignos, trabajando codo a codo con las organizaciones comunitarias y el voluntariado civil.

El desmonte de matrices informativas

El 2 de julio de 2026 marcó un hito político e informativo en el manejo institucional de la contingencia. La presidenta Delcy Rodríguez ofreció una rueda de prensa internacional ante decenas de corresponsales de agencias de noticias extranjeras, en un espacio caracterizado por preguntas incisivas que buscaban posicionar la tesis de un Estado desbordado o ineficiente.

Durante la jornada, Rodríguez enfrentó los cuestionamientos con firmeza, respaldando sus declaraciones en datos técnicos verificables, informes geológicos y balances de las salas situacionales. Ante los ataques sobre una supuesta lentitud en el auxilio inicial, la jefa de Estado demostró que los primeros contingentes de protección civil, bomberos y efectivos militares ingresaron a los sectores más afectados de La Guaira en un lapso inferior a los 45 minutos tras la ocurrencia del segundo sismo de magnitud 7.5.

Durante la rueda de prensa, la mandataria encaró además las matrices mediáticas que intentaban proyectar el despliegue cívico-militar como un acto de represión, aclarando que la FANB actuó estrictamente bajo el mandato de las leyes para salvar vidas, resguardar bienes patrimoniales y levantar la cartografía del desastre con tecnología aérea.

Frente a las interrogantes relativas a la recepción de insumos internacionales, la presidenta reiteró que Venezuela mantiene abiertas las vías diplomáticas para recibir la solidaridad de gobiernos aliados e instituciones multilaterales, señalando que la única condición irrenunciable del Estado es el respeto absoluto a la soberanía nacional y la no politización del dolor humano. La postura del ejecutivo dejó en claro ante la opinión pública global que la administración del desastre se ejecutó con absoluta transparencia y bajo la conducción soberana de las instituciones del país.

El Poder Legislativo a la vanguardia

A la par de la gestión ejecutiva y militar, el Poder Legislativo ha asumido una función determinante dentro de la estructura estatal de respuesta.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, asumió la jefatura del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios y Vivienda, articulando las instancias técnicas con los gobiernos regionales de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, así como las alcaldías del área metropolitana de Caracas.

Desde esta plataforma se formalizaron inspecciones en terreno de diferentes espacios para auditar la atención en refugios estratégicos como la U.E. Nacional Bolivariana Escuela 10 de Marzo, la Ciudad Vacacional Los Caracas, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, entre otros. En estos recintos se garantizó la operatividad de:

- Logística, salud y biometría: Módulos médicos nacionales e internacionales, suministro alimentario, acompañamiento psicológico y censos mediante captahuellas para el censo y adjudicación de viviendas.

- Documentación e inclusión: Jornadas especiales del Saime para reponer cédulas de identidad a los damnificados, atención prioritaria de la infancia a través del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) y espacios destinados al cuidado veterinario de mascotas.

En el plano estrictamente legislativo, el parlamento ha avanzado a paso firme en la adecuación del ordenamiento jurídico para acelerar la reconstrucción nacional. La AN aprobó en primera discusión y por unanimidad dos proyectos normativos clave:

- Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria: Presentado por el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante, para flexibilizar la fijación de precios según costos reales de insumos, eliminar la traba administrativa de 24 meses como límite de ejecución de obras y destrabar financiamientos bancarios e inversiones privadas en desarrollos habitacionales.

- Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas: Orientado a dinamizar la oferta de inmuebles en alquiler mediante garantías respaldadas por pólizas o depósitos de hasta tres meses, la mediación y el arbitraje para agilizar la resolución de conflictos, y la prohibición expresa de arrendar propiedades ubicadas en zonas catalogadas de alto riesgo.

Asimismo, la AN aprobó un acuerdo formal de solidaridad con las víctimas donde se exige el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales y el desbloqueo de los activos financieros de Venezuela en el exterior, bajo el argumento de destinar dichos recursos a las labores de infraestructura y reconstrucción.

En el ámbito internacional, la vocería del parlamento reconoció el respaldo técnico y los comunicados de solidaridad enviados por los legislativos de diversas naciones, además de coordinar reuniones estratégicas con el Subsecretario General de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

El Poder Judicial: Acceso a la justicia y protección legal a los afectados

En el marco de la actuación coordinada de los poderes públicos, el Poder Judicial venezolano desplegó un operativo especial a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los distintos circuitos judiciales para asegurar el acceso a la justicia y salvaguardar los derechos de las familias afectadas por la contingencia.

Para responder de forma directa a las necesidades de la población vulnerada, el sistema de justicia activó los siguientes ejes operacionales:

- Mesa situacional y protección de niños, niñas y adolescentes: El TSJ instaló una mesa situacional de monitoreo permanente para dar seguimiento en tiempo real a los casos de menores en situación de vulnerabilidad, pérdida de tutela o separación familiar sobrevenida tras los sismos. Paralelamente, se desplegaron jueces del área de protección e instituciones judiciales directamente en refugios, campamentos transitorios y centros hospitalarios para prestar asesoría legal gratuita y apoyo psicosocial.

- Salas de atención especializada y trámites civiles: Se inauguraron salas de atención directa y se organizaron jornadas para facilitar la gestión de trámites civiles urgentes, tales como la declaración de actas de defunción, títulos supletorios de bienes perdidos o dañados y la regularización de la guarda y custodia de menores de edad de forma acelerada.

- Apoyo logístico y operativo: Las distintas sedes judiciales del país se habilitaron como centros de acopio para la recolección de insumos, medicinas y alimentos. En paralelo, los equipos técnicos llevaron a cabo evaluaciones estructurales e inspecciones de habitabilidad en los palacios de justicia para garantizar la continuidad del servicio público y la protección del personal judicial afectado.

Coordinación de los Poderes Públicos y avance hacia la reconstrucción

A casi 30 días de la tragedia, la respuesta venezolana trasciende la mera atención de la emergencia primaria para adentrarse en la fase de reconstrucción y renacimiento de los territorios afectados. Este avance ha sido posible gracias a la articulación armónica entre todos los poderes públicos.

Desde el Poder Ejecutivo se creó la instancia presidencial del Plan Venezuela Renace, el cual cuenta con un fondo inicial de 200 millones de dólares para obras públicas e infraestructuras, sumado a una política de créditos subsidiados de hasta un 80% mediante la banca pública y privada para la reconstrucción de viviendas y locales comerciales, junto con la exoneración total de impuestos para los trámites de registro inmobiliario.

Paralelamente, el Poder Legislativo aprobó de forma unánime los presupuestos adicionales para respaldar las labores de protección social y la logística de los refugios.

En el aspecto ambiental y sanitario, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, coordinado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), activó 11 centros de disposición temporal en La Guaira para clasificar y procesar técnicamente más de 2 millones de toneladas de escombros generadas por los derrumbes, de las cuales ya se han recolectado más de 8.700 toneladas mediante una alianza de recolección pública y privada.

Por su parte, la red de atención a los refugiados ha garantizado servicios integrales que van desde la asistencia médica permanente, salas de parto humanizado y comedores, hasta la habilitación de un sistema de registro biométrico con captahuellas en el censo del Registro Único de Vivienda para asegurar la entrega ágil de casas definitivas.

La visión integral del Estado no solo ha resguardado el derecho a la salud y a la vida, sino que ha incentivado el "motor emprendimiento" dentro de los propios refugios, permitiendo que las familias damnificadas mantengan sus ingresos y continúen su desarrollo productivo en un ambiente seguro, disciplinado y guiado por la solidaridad nacional.

El plan de adjudicación habitacional ya comenzó a dar frutos concretos con la entrega de los primeros 200 apartamentos en Ciudad Tiuna (Caracas). Adicionalmente, el ejecutivo y el poder legislativo inspeccionaron el urbanismo Mirador Caiza en Charallave (Miranda), el cual dispone de una proyección de 1.400 viviendas que comenzarán a ser entregadas de forma progresiva desde el mes de agosto, asegurando que las instalaciones educativas adaptadas temporalmente como refugios queden completamente liberadas antes del inicio del año escolar 2026-2027.

THUAREZCA JULIO / FOTOGRAFÍA: AMÉRICO MORILLO, PRENSA PRESIDENCIAL, PRENSA AN / CIUDAD CCS