Estados Unidos y México, dos de los países del mundo con mayor índice de muertes violentas, viven situaciones radicalmente opuestas. Mientras a Estados Unidos le costó varias décadas aprobar una tímida reforma contra la adquisición de armas de fuego y aún no ha podido prohibirla, en México los principales partidos de oposición mantienen una campaña para legalizar su uso como “derecho a la defensa”.

Recientemente el presidente de México, Andrés López Obrador (AMLO), reveló en una rueda de prensa que uno de los promotores de la idea es el senador norteamericano Ted Cruz, quien además lo acusa de tener vínculos con el narcotráfico. Sobre este último aspecto, AMLO emplazó a Cruz a presentar pruebas. En cuanto a lo primero, el mandatario dijo tener evidencias de que el senador por Texas recibió más de 400 mil dólares por apoyar la compra de armas.

En México, el senador Jorge Luis Preciado, del Partido Acción Nacional (PAN), introdujo en la Cámara una solicitud para que los ciudadanos puedan usar armamento “en defensa propia”. Preciado se apoya en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde hace más de un siglo, que establece la “prohibición de poseer armas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.

De acuerdo con la interpretación del senador, la no exclusividad de las armas para los militares significa que “las personas físicas y morales pueden poseer armas de fuego en su domicilio para su seguridad y legítima defensa”.

La propuesta azteca se produjo mientras, en el Senado norteamericano, Demócratas y Republicanos aprobaron a duras penas una leve Reforma Federal, según ellos “la más importante desde 1994”, cuando fue eliminada la compra de armas de asalto. Sin embargo, la resolución está muy por debajo de lo que los Demócratas y los ciudadanos esperan, según las encuestas.

Mientras los “armamentistas” exponen ante el Poder Legislativo sus argumentos, en el país se llevan a cabo acciones a su favor. En el estado de Guanajuato, la policía estuvo adiestrando con armas a menores de edad hasta que López Obrador se pronunció en su contra. No obstante, este entrenamiento es válido en Guanajuato gracias a que el gobernador de ese estado, el panista Diego Sinhue, autorizó el programa Planet Youth, importado de Islandia.