22/11/23.- Los países miembros del Grupo de Puebla advirtieron sobre un golpe de Estado progresivo contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, que busca evitar su toma de posesión en enero.

En un comunicado —publicado en su página web—, el Grupo de Puebla afirmó que esta intentona golpista está promovida por “fuerzas oscuras que gobiernan el Poder Ejecutivo” así como dirgentes de la parte Judicial del país centroamericano.

“Aunque estas fuerzas quieran cambiar la elección del pueblo, Bernardo y Karin fueron elegidos el pasado 20 de agosto como Presidente y Vicepresidenta constitucional del país, según ya confirmó el Tribunal Superior Electoral”, refiere el texto.

Afirmaron que detrás de esta conspiración se encuentran la fiscal general María Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, “quienes, amparados por el presidente (en ejercicio) Alejandro Giammattei y algunos magistrados corruptos del Poder Judicial, están promoviendo acciones de guerra jurídica (lawfare)”.

En el comunicado, destacaron las masivas movilizaciones que se han realizado en el país desde hace más de 40 días, especialmente los pueblos indígenas, quienes se encuentran defendiendo los resultados de las urnas.

“Pedimos que cesen de manera definitiva las intimidaciones desde la Fiscalía contra algunos sectores de la prensa, de la oposición, estudiantes y contra miembros de la rama judicial y del Ministerio Público que han actuado de manera independiente”, añaden.

Por esta razón, el organismo internacional solicitó al Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (Clajud), tomar las medidas necesarias para la defensa de la democracia de Guatemala.

Nueva Corte Suprema de Justicia podría cambiar rumbo del país

Los trece magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, electa por el pleno de diputados en el Congreso, únicamente estarán en el cargo 10 meses, tiempo que les corresponde según la ley; la corte que deja el cargo se perpetuó por más de nueve años en el poder, cinco por ley y cuatro años de manera ilegítima, generando junto a otros poderes del Estado una crisis permanente en cuanto a la certeza jurídica.

La elección se materializa luego de una orden girada por la Corte de Constitucionalidad, máxima autoridad en temas constitucionales de Guatemala y cuyos fallos son inapelables, aunque la CSJ ya fue electa, falta elegir a magistrados de salas de apelaciones.

Las órdenes de la Corte de Constitucionalidad llegan en el momento más convulso en la era democrática de Guatemala, las organizaciones sociales y pueblos campesinos sospechan que las elecciones fueron ordenadas para dejar afuera el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Al menos doce calles aledañas al Congreso de la República se mantienen sitiadas por cientos de policías y antimotines, resguardando a los diputados que temen por represalias respecto a sus elecciones, refiere Hispan Tv.

En medio de la elección de los magistrados de salas de apelaciones y la discusión del presupuesto general de la nación, continúa la ola de manifestaciones a lo largo y ancho del país en contra del Gobierno actual que intenta impedir la toma de posesión de Arévalo.

Los pueblos originarios suman más de 50 días frente al Ministerio Público, exigiendo la renuncia de la fiscal general Porras.

CIUDAD CCS