Juez federal de EEUU exige clarificación tras recientes deportaciones
El gobierno de Trump envió a El Salvador a más de 200 deportados venezolanos
18/03/25.- Un juez federal en Estados Unidos ha solicitado al gobierno del presidente Donald Trump que proporcione explicaciones en relación con el envío de venezolanos a El Salvador, a pesar de las órdenes que prohíben tales deportaciones.
Según información divulgada por Reuters, el magistrado James Boasberg emitió el pasado sábado una orden que bloqueaba estas deportaciones, sin embargo, los vuelos continuaron y resultaron en el envío de 261 personas a la nación centroamericana.
Durante una audiencia celebrada el lunes, Boasberg presionó al abogado del departamento de justicia, Abhisek Kambli, para que revelara información detallada sobre los horarios de los vuelos que transportaban a venezolanos hacia El Salvador. El juez inquirió repetidamente el porqué no se habían presentado con respuestas adecuadas.
El magistrado busca entender la cronología exacta de los eventos relacionados con su fallo del sábado, incluyendo el momento de partida de los vuelos y la identidad de los pasajeros a bordo.
Según una cronología elaborada por Reuters, la orden judicial que estipulaba que "cualquier avión que contenga a estas personas (...) necesita ser devuelto a los Estados Unidos" fue emitida entre las 6:45 pm y las 6:48 pm hora del este. En ese momento, dos vuelos ya se encontraban en el aire. Un tercer vuelo despegó a las 7:37 pm, apenas 12 minutos después de la publicación de la orden del juez.
El equipo del presidente estadounidense defendió que este último vuelo transportaba deportados procesados bajo otras autoridades migratorias y no bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros, argumentando que, por lo tanto, no estaba sujeto a la orden judicial.
Sin embargo, todos los vuelos aterrizaron en El Salvador el sábado por la noche o la mañana del domingo, horas después de las decisiones orales y escritas del juez. Durante la audiencia, cuando Boasberg solicitó detalles específicos, el abogado del gobierno alegó que no podían proporcionar dicha información debido a preocupaciones sobre "seguridad nacional operativa y relaciones exteriores".
CIUDAD CCS