08/12/22.- Fueron tantas las opiniones que escuché sobre la inauguración del Centro Comercial Sambil en la parroquia La Candelaria de Caracas, que estoy seguro de que para alguien, un foráneo, por ejemplo, que no supiera de qué se trataba, pensaría que nos referimos a un santo patrón: El Sambil de la Candelaria. 

Toda esa resonancia, por supuesto, se debe a nuestra peculiar forma de ser, pues, qué es lo que no pasa en este país que no lo politicemos. Qué cosas ocurren sin que no salgan desde los más destacados intelectuales con sus excelsos análisis hasta los más viles con sus absurdas opiniones, y entre un polo y otro, en esa media extensa y variada, otros tantos bla, bla, bla… Y entre toda esa variedad, está la gente que todo le parece mal y así como les pareció en el año 2008 arbitraria y desproporcionada las medidas que dictó, para aquel entonces el presidente de la República, Hugo Chávez, en contra del Sambil de La Candelaria, hoy día les parece que su apertura es una traición al legado chavista. 
Otros, que intentan ser más ponderados, afirman que es una muestra de la incapacidad del Estado en estas actividades comerciales que históricamente le han correspondido al sector privado y algunos más optimistas y menos agoreros celebran que en Venezuela, luego de un ataque económico desmedido y criminal, se vean signos de recuperación económica importantes como sin duda es la puesta en marcha de este establecimiento comercial, así como muchos otros que más alejados de la polémica diariamente abren sus puertas en todo el país.

Pero antes de poner a competir al Estado y a los empresarios privados en habilidades económicas, hay que repasar lo que constitucionalmente se establece. 

Nuestra constitución vigente, la de Chávez, en el diseño del sistema socioeconómico y la función del Estado en la Economía indica que El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, debe promover el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país”. 
También establece que esas acciones deben garantizar la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta.

Entonces caer en la discusión de que la empresa privada “sí sabe y puede” y el Estado no, es ridículo, porque para que uno pueda ser y existir,  el otro debe ser grande, robusto y garante. 

Es decir cada vez que surge una iniciativa comercial privada, bien sea pequeña, mediana o grande, es porque hay un Estado que propicia y da garantías para eso. Un Estado que hace su trabajo.    

Lo fundamental es tener siempre claro que el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. 

Carlos Manrrique