La reingeniería del Tribunal Supremo de Justicia pasa a la acción

Tras la reforma de Ley, 11 diputados y 10 ciudadanos evaluarán los perfiles de los jueces

20/05/26.- El proceso de reingeniería del Sistema Judicial venezolano ha dado un paso definitivo de la teoría a la práctica. Tras la reciente aprobación de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), iniciativa impulsada para combatir el retardo procesal mediante el incremento de 20 a 32 magistrados, el Poder Legislativo activó formalmente el mecanismo constitucional para materializar la transformación operativa del máximo tribunal.

Con la designación y juramentación de los 21 integrantes del Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales, la Asamblea Nacional abre la convocatoria para seleccionar a los juristas que asumirán las nuevas plazas de las salas de casación y de la Sala Constitucional, un movimiento estratégico que busca humanizar la justicia y eliminar los históricos “cuellos de botella” institucionales.

Para comprender el alcance de este nuevo hito, es necesario desglosar el qué, el quiénes y el para qué de la instalación de este cuerpo evaluador.

Funciones del Comité de Postulaciones y cómo se eligió

El Comité de Postulaciones Judiciales es el órgano asesor del Parlamento  encargado de recibir, evaluar y seleccionar los perfiles de los aspirantes a magistrados, asegurando que cumplan con los requisitos de idoneidad y probidad antes de la votación definitiva en la plenaria. Su conformación actual refleja un conjunto mixto de 21 integrantes: 11 diputados y 10 ciudadanos de la sociedad civil.

La selección de los representantes de la sociedad civil fue el resultado de un riguroso proceso de auditoría y consenso liderado por una Comisión Preliminar. Durante una primera fase, se postularon 94 ciudadanos. Tras superar un período de cuatro días de impugnaciones sin recibir objeciones, se realizó una exhaustiva revisión de credenciales y entrevistas directas.

Además, en estricto cumplimiento del artículo 68 de la Ley del TSJ, se cruzó información técnica y de antecedentes con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Seniat, reduciendo la lista en 65 elegibles. De ese grupo, y bajo criterios de pluralidad, consenso político y equidad de género, se escogió a los 10 miembros definitivos.

La diversidad civil como filtro de idoneidad

Una de las características más notables de este comité es la incorporación de perfiles profesionales multidisciplinarios, que trascienden el ámbito estrictamente jurídico para nutrir la evaluación con sensibilidad social.

Entre los ciudadanos juramentados se encuentran especialistas en derecho y constitución tales como Maribel Bustamante (doctora en derecho constitucional y enfermera), Sonia Boyer (abogada de derechos humanos) y Gabriela Merchán (abogada egresada de la UCV).

Encontramos también perfiles ligados a la seguridad y las ciencias sociales como Reinaldo Rangel (psicólogo, docente y experto en seguridad ciudadana) e Isabell Pacheco (politóloga postulada por la Cámara de Emprendedores). Asimismo, se integran a este conjunto de personalidades Ana María Alves (economista vinculada a estudios de la mujer), Omar Alzahabi (abogado y comunicador social), Mauro Herrera (médico cardiólogo y urólogo) y José Virla (abogado magíster en seguridad social).

Este grupo de ciudadanos trabajará juntos a los 11 parlamentarios con el compromiso expreso de dejar de lado el proselitismo político y velar exclusivamente por el interés superior de la República.

Impacto de la renovación judicial

La instalación inmediata de este comité responde al llamado de celeridad realizado por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, quien instó a los miembros a presentar los resultados en un tiempo apremiante.

Las vacantes que deberán cubrirse corresponden tanto a las jubilaciones y renuncias regulares como al incremento del 60% de la fuerza laboral del TSJ establecido en la reforma del artículo 8 de la LOTSJ.

Cabe recordar que, con la modificación de la ley, las salas Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social pasarán de 3 a 5 magistrados, mientras que la Sala Constitucional aumentará de 5 a 7 integrantes.

Al activar este comité evaluador, el Estado busca asegurar que el ingreso de los 12 nuevos juristas traduzca la reforma legal en beneficios tangibles para el ciudadano común: acelerar la emisión de sentencias firmes en materia de libertad, propiedad y derechos civiles; limpiar el sistema de vicios e impunidad derivados del estancamiento de causas; y consolidar un arbitraje imparcial enfocado en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. La ruta hacia un sistema judicial descentralizado, célere y humanizado ya ha comenzado su cuenta regresiva.

THUAREZCA JULIO / CIUDAD CCS