Gran Consulta para reformar la justicia penal inicia el 1° de junio
Presidenta (E) anunció que nuevo proceso de excarcelaciones superará a las 500 personas
22/05/26.- En un balance oficial de alta relevancia para la institucionalidad del país, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1° de junio de 2026 arrancará una Gran Consulta Nacional para la reforma del sistema de justicia penal. Desde el Palacio de Miraflores, la mandataria explicó que esta iniciativa trabajará en conjunto con la Comisión de la Revolución Judicial y el Programa de Convivencia Democrática y Paz, con el objetivo de edificar un modelo judicial penal renovado, eficiente y profundamente apegado a los derechos humanos, que erradique los vicios estructurales y garantice el acceso oportuno a la justicia para todos los ciudadanos sin distinciones de ningún tipo.
Asimismo, Rodríguez actualizó el anuncio realizado por el Parlamento sobre las medidas humanitarias paulatinas y confirmó que, producto de la interconsulta entre los poderes públicos, en las próximas horas se superará la cifra de 500 nuevas liberaciones, incrementando el lote inicial de 300 que se había proyectado para mediados de mayo.
Durante su alocución, la jefa de Estado encargada presentó un diagnóstico crítico sobre el sistema judicial venezolano, identificando tres grandes desafíos que serán abordados con prioridad en la nueva reforma. El primero de ellos es el retardo procesal, un nudo crítico que justificó la reciente promulgación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para incrementar el número de magistrados por sala, y para el cual Rodríguez solicitó la incorporación inmediata de plataformas de inteligencia artificial como herramienta tecnológica para agilizar el despacho de expedientes. El segundo aspecto señalado fue la corrupción judicial, instruyendo la creación de rigurosos mecanismos de control que penalicen a los jueces que extorsionen o exijan comisiones por emitir boletas de excarcelación.
Como tercer desafío medular, la presidenta encargada denunció la criminalización de la pobreza, revelando un dato estadístico de discriminación económica y social según el cual el 68% de las personas privadas de libertad en Venezuela pertenecen a los estratos socioeconómicos menos favorecidos.
Para revertir esta pirámide invertida de la penalización, Rodríguez ordenó al Programa de Convivencia Democrática atender esta realidad con urgencia. Asimismo, rechazó categóricamente la politización y la utilización partidista de la justicia penal por parte de sectores que calificó de mezquinos, e instó al vicepresidente sectorial Diosdado Cabello a diseñar programas para un nuevo relacionamiento fundamentado en el respeto mutuo y el freno a las extorsiones entre los ciudadanos y los funcionarios de seguridad ciudadana.
En este ámbito de protección de derechos humanos, la mandataria solicitó formalmente a la consulta evaluar la creación de un sistema nacional de protección de los defensores y familiares, que resguarde integralmente tanto a los civiles como a los propios efectivos policiales.
8.740 liberados en 63 días
En cuanto a los resultados cuantitativos de las medidas, el balance arrojó cifras históricas tras 63 días efectivos de aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, registrando un total de 8.740 personas beneficiadas de forma directa. De este universo global, 314 ciudadanos que se encontraban en centros de reclusión obtuvieron su libertad plena, mientras que a otras 8.426 personas se les otorgó la exoneración total de las medidas cautelares a las que estaban sometidas.
A estos datos se suman 885 excarcelaciones ejecutadas previamente en el mes de enero, consolidando un gran total de 1.594 personas excarceladas de manera global por motivos políticos y humanitarios en lo que va de año 2026.
Sobre el número de incremento de las nuevas excarcelaciones, la jefa de Estado pidió que este proceso sea asumido por el país con madurez política y espíritu constructivo dentro del denominado "renacer de Venezuela". Por último, la mandataria saludó el trabajo de la Comisión de la Revolución Judicial, la cual ha otorgado 3.630 libertades por revisión de retardo procesal durante 2026, una cifra de eficiencia operativa que ya supera todo el balance alcanzado durante el año 2025 y que consolida la ruta de transformación profunda del derecho procesal venezolano.
THUAREZCA JULIO / FOTOGRAFÍA: PRENSA PRESIDENCIAL / CIUDAD CCS
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