TSJ instala dos sedes en La Guaira para afectados por los sismos

Más de 900 casos atendidos en estas instancias de Jurisdicción Especial

21/08/26.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instaló dos sedes en el estado La Guaira para atender los asuntos legales y facilitar los trámites a las personas afectadas por los movimientos telúricos a través de la recién creada Jurisdicción Especial.

Así lo dejó conocer, el juez rector de la Circunscripción Judicial de La Guaira, Carlos Ortiz Flores, añadiendo que la puesta en funcionamiento responde al requerimiento jurídico de los ciudadanos afectados por los sismos.

Además, el presidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Emilio Ramos, indicó que en las dos sedes habilitadas han recibido a más de 900 usuarios.

“Funcionamos en dos sedes, una en el Liceo Narciso Gómez, atendiendo a la población del oeste del estado La Guaira, y otra en la unidad educativa República de Panamá, que atiende el lado oeste del estado La Guaira", indicó.

El jurista agregó que, hasta el momento, " hemos sacado más de 700 trámites, sobre todo colocación familiar en materia de niños, niñas y adolescentes, temas de justificativos de testigos acreditando posesión, declaraciones de únicos universales herederos”.

Resolución de Sala Plena

La medida de Jurisdicción Especial,  formalizada mediante la Resolución N.º 2026-0005, aprobada por la Sala Plena del TSJ el pasado 5 de agosto y publicada en la Gaceta Judicial Extraordinaria N.º 123 del 10 de agosto, comprende 20 artículos, establece una jurisdicción civil y transitoria para asuntos derivados de los terremotos.

La resolución se produjo luego de la solicitud formulada por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Entre los procedimientos contemplados figuran declaraciones de ausencia o presunción de muerte, rectificación o reconstrucción de actas de estado civil, inventarios sucesorales y controversias sobre derechos u obligaciones afectadas por los sismos.

Además establece que los trámites tendrán prioridad y deberán resolverse bajo criterios de celeridad, accesibilidad, gratuidad y simplificación., contemplando de igual forma la asistencia jurídica gratuita para los afectados.

La única limitante de esta política judicial,  se establece con asuntos que involucren a niños y adolescentes, los cuales  quedan bajo competencia de los tribunales de protección correspondientes.

LUIS BLANCO / CIUDAD CCS