Fiscalía y Defensoría instalan consulta nacional de reforma penal

Promueven juzgar en libertad, presunción de inocencia y debate ciudadano garantista

23/09/26.- La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo instalaron de manera conjunta en el estado Cojedes la mesa de trabajo de alto nivel dedicada a la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

La jornada, realizada en la ciudad de San Carlos, contó con la presencia y articulación del fiscal general, Larry Devoe, y de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato.

Esta consulta fue concebida como un espacio de diálogo abierto, transparente e inclusivo en el que el pueblo actúa como protagonista. Su propósito central es auscultar la diversidad sectorial para trazar un diagnóstico fidedigno sobre las fortalezas y nudos críticos del sistema de justicia penal venezolano, permitiendo adoptar respuestas oportunas y desplegar una estrategia de alcance municipal impulsada directamente desde las comunidades.

Asimismo, el espacio busca garantizar que el proceso judicial respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, promoviendo el juzgamiento en libertad y el principio de presunción de inocencia.La organización de la mesa de trabajo reunió a las máximas autoridades del sistema de justicia y del Poder Público, contando además con la participación del gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez.

“El país se encuentra unido en el objetivo de transformar definitivamente nuestro sistema de justicia penal”.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; el defensor público general, Daniel Ramírez; el ministro del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, y una representación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se reunieron en esta consulta para velar por el derecho a la justicia penal en el país.

La instalación conjunta de esta consulta evidencia cómo la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo están consolidando un frente institucional unido para transformar de manera integral el sistema de justicia penal. Al integrar la investigación fiscal con la tutela efectiva de los derechos humanos y el debido proceso, ambas instituciones aúnan esfuerzos para construir un modelo judicial soberano, garantista y equitativo que brinde respuestas oportunas a toda la población, velando especialmente por la protección y atención de las personas procesadas que carecen de recursos económicos.

MELISSA VARELA / CIUDAD CCS