Desde la Ruta Verde, campaña por la despenalización legal y social del aborto en Venezuela, arrancamos a escala nacional, por primera vez en nuestro país, con la promoción e impulso de un proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSyDR).

Actualmente no contamos con un marco legal que reconozca los DSyDR como derechos humanos de todas las personas. Pero este proyecto de ley incluye el reconocimiento y ejercicio del derecho a la educación sexual integral, a la salud sexual y salud reproductiva con un enfoque social; al acceso a métodos anticonceptivos; el derecho a detección y atención de VIH e ITS, y el derecho a decidir procrear o no, como derechos fundamentales y garantes para vivir y disfrutar una sexualidad libre, sin discriminación, de manera responsable y placentera.

Según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Venezuela es el país de Suramérica con la tasa más alta de embarazos en la adolescencia o edad temprana. Hay 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad. Esta realidad, sin duda alguna, tiene relación con la romantización de la maternidad, la desigualdades de género, la falta de políticas públicas permanentes sobre el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la carencia de educación sexual integral y ausencia de atención médica de embarazos no deseados que han sido producto de violaciones o incestos. También, el embarazo en la adolescencia es consecuencia de un profundo desconocimiento sobre cuáles son nuestros derechos humanos sexuales y derechos reproductivos, y necesarios que son para conocer aspectos de nuestra sexualidad y la de otrxs. La promoción y garantía de dichos derechos es un asunto que le compete al Estado venezolano y a la sociedad entera, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y acuerdos internacionales.

En este sentido, organizaciones feministas de diversas tendencias políticas promocionamos este Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que incluye, además, un capítulo final de prohibiciones donde se prohíbe cualquier norma jurídica o ley que obstaculice o penalice el ejercicio pleno de estos derechos. Como es el caso del Código Penal venezolano, inconstitucional hasta las metras en este asunto, donde se penaliza a una mujer gestante por abortar, aunque el embarazo haya sido causa de violación o incesto. También es ilegal el aborto incluso si el embarazo implica problemas en la salud física o mental de la mujer o persona gestante. En más de 100 años, la criminalización sobre la interrupción del embarazo se mantiene vigente en el Código Penal, afectando, principalmente, a las mujeres, adolescentes y niñas de los sectores populares. Los abortos inseguros y clandestinos son la tercera causa de mortalidad materna, según las cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicadas en el 2015. Por ello, a través de este proyecto de ley incorporamos la derogación de los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código que criminaliza nuestro derecho a la interrupción segura del embarazo.

Además, este proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos hoy se discute en las sesiones ordinarias de la Subcomisión Protección Social, Sistemas de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional (AN), lo que el feminismo popular venezolano nconsideramos que es un gran logro de lucha, movilización y resistencia. Por esta razón, a partir de agosto y septiembre, desde la Ruta Verde estamos en campaña nacional con el fin recoger más de 21 mil firmas de ciudadanas y ciudadanos electores del padrón electoral, que respalden este proyecto de ley para así promoverlo, paralelamente, por iniciativa popular en la AN. Estamos en campaña nacional, a escala comunitario y comunal, en defensa de nuestra consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y acompañado para no morir.

Laura Cano | Araña Feminista | Ruta Verde.