28/08/2024.- Cuando Carlos Andrés Pérez tomó la decisión de nacionalizar la industria de hidrocarburos en Venezuela en 1975, la situación energética mundial era crítica debido al embargo petrolero contra Estados Unidos impuesto por Arabia Saudita. Irak había nacionalizado parte de su industria petrolera desde 1972. La comunidad de inteligencia norteamericana, desde 1973, había previsto que "las amenazas recurrentes de los productores de petróleo árabes de utilizar el petróleo como arma política" ponían en riesgo la seguridad de Estados Unidos, y Venezuela resultaba entonces un alivio para sus necesidades energéticas.

Nelson Rockefeller había declarado abiertamente en el Club Nacional de Prensa en Washington en 1972: "Pienso que la inversión del capital norteamericano en Venezuela mediante el sistema de libre empresa es mucho mejor y más efectiva para cualquier país, especialmente si se asocia con el capital local". Ya el bufete de Pedro Tinoco hijo era representante legal del magnate petrolero norteamericano en Venezuela.

¿Por qué EE. UU. no objetó la nacionalización petrolera venezolana? Porque nada cambió, todo quedó igual; fue solo un cambio nominal. Los gastos operativos de exploración corrían por parte del Estado venezolano y las ganancias en la comercialización del petróleo seguían administradas por agentes de las petroleras enquistados en Pdvsa.

Los negocios opacos, tanto en los altos niveles de gobierno como de agentes y asesores del Estado y de algunas empresas privadas que dependían de la materia hidrocarburos, siguieron haciendo transacciones paralelas con cobro de comisiones ocultas y pagos turbios con los recursos de la industria. Un caso patético fue el del asesor petrolero y miembro de la Corporación Venezolana de Fomento, el doctor José Toro Hardy, quien recibió como pago seiscientas acciones de una compañía denominada Perforaciones Altamar, por recomendar contratos con el fin de perforar pozos al sur del lago de Maracaibo, según una denuncia interpuesta por el señor José Kauffman en una corte de Houston, Texas, en octubre de 1975.

Estas corruptelas tenían antecedentes en la industria cuando en 1996 fueron reveladas unas conversaciones grabadas en 1971 por el magnate petrolero Armand Hammer, presidente de la Occidental Petroleum Corporation, que involucraron al director de la Compañía Nacional de Petróleo, Maurice Valery, al ministro de Hidrocarburos, Hugo Pérez La Salvia, y a Pedro Tinoco, ministro de Finanzas del gobierno de Rafael Caldera. En dichas conversaciones se indicaba que Hammer pagó tres millones de dólares para modificar la regulación de la explotación petrolera y favorecer sus actividades y contratos con el Estado venezolano.

Con estos antecedentes funestos se "nacionalizó" la industria petrolera venezolana. Sin embargo, en el campo de las relaciones parasitarias de las empresas privadas relacionadas con el ramo, hubo familias o castas de abolengo caraqueño como los Sosa Rodríguez, luego los Sosa Pietri, quienes eran los propietarios de Venoco, la industria fabricante de grasas, aceites, ligas para frenos, plásticos y otros derivados del petróleo. Era un monopolio nacional donde se asociaban accionariamente los Mendoza y los Vollmer en los años setenta.

Los Sosa Rodríguez habían acumulado una fortuna por la venta de los terrenos de la antigua hacienda La Floresta, convertida en urbanización en 1952 por el ingeniero Julián Ferris Betancourt y proyectada para la firma Perret-Sosa Rodríguez Ingenieros, S. A. La última venta de estas propiedades fue la casa de la hacienda hoy conocida como Pdvsa La Estancia, restaurada por Pdvsa en 1988 (Paolini) y luego vendida a esa empresa por quien entonces fungía como presidente de Pdvsa, Andrés Sosa Pietri, en los años noventa.

Después de la nacionalización petrolera, los Sosa fueron de los "apellidos" que mantuvieron la secuencia de negocios opacos con la industria petrolera a través de Venoco, de su propiedad. Era la principal petroquímica privada del país; en consecuencia, toda la materia prima que procesaba esa empresa provenía de Pdvsa, cumpliéndose lo postulado por Rockefeller en 1972. En 1989, Andrés Sosa Pietri presentó un informe sobre la situación petrolera en Venezuela que lo catapultó a la presidencia de Pdvsa en 1990, durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. Permaneció en ella dos años, haciendo lo que mejor sabía hacer: comercializar y especular con los derivados del petróleo, hasta que las intrigas y competencias de otros grupos económicos monopólicos internos y externos lo obligaron a salir. Sin embargo, Venoco siguió haciendo lo que siempre hicieron: negocios oscuros con Pdvsa. Las consecuencias reales de la nacionalización petrolera de 1975 vinieron a sentirse cuando Hugo Chávez Frías comenzó a poner orden en la industria petrolera a partir de 2001. Para entonces, Venoco (Sosa) se había asociado con el joven empresario de armas Isaac Pérez Recao (hijo de Isaac Pérez Alfonzo, hermano de Juan Pablo Pérez Alfonzo), quien nombró a Pedro Carmona Estanga, su empleado, como presidente de Venoco. El golpe de 2002 reveló quiénes eran los factores ocultos de la conspiración contra el gobierno bolivariano.

Luego de la expropiación de esta industria estratégica en 2010, Venoco se replegó a Colombia y Miami, desde donde no solo sigue con otros testaferros el negocio petroquímico, sino también colabora con financiamiento para derrocar la Revolución Bolivariana, desde el golpe de 2002 hasta financiar la logística de la operación Gedeón (2020).

La nacionalización es un proceso continuo, siempre amenazado y con riesgos, como lo hemos visto.

Aldemaro Barrios Romero