31/08/2024.- Luiz Inácio Lula Da Silva fue electo presidente de Brasil en dos oportunidades sucesivas, entre 2003 y 2010. En 2011 el pueblo brasileño escogió a Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), reeligiéndola para el período 2014-2017. Sin embargo, en 2016 fue destituida por un "golpe parlamentario".

El golpe contra Dilma abrió una etapa difícil para las fuerzas populares brasileñas y, con ello, para las fuerzas populares de América Latina. Su período fue concluido por su vicepresidente, el señor Temer, quien, entre otras cosas, aprobó el congelamiento de los presupuestos para Educación y Salud por veinte años.

Antes de las elecciones de 2018, Lula fue procesado por corrupción en un juicio a todas luces viciado, dirigido por un juez que luego sería ministro de Jair Bolsonaro y acusado de parcialidad y manipulación de la justicia. Lula estuvo preso durante 560 días y no pudo presentarse como candidato. La ocasión fue aprovechada por la extrema derecha brasileña y Bolsonaro ganó los comicios.

El sufragio presidencial de 2021 constituyó una nueva oportunidad. El juicio contra Lula fue anulado por sus irregularidades y el líder del PT pudo presentarse como candidato, pero esas elecciones no fueron sencillas y su triunfo fue posible gracias a una larga lista de alianzas.

El parlamento brasileño está constituido por dos cámaras. El Senado cuenta con 81 integrantes, de los cuales 42 aparecen identificados con la coalición de gobierno y 39 están identificados como oposición. El partido de Lula, el PT, es apenas la cuarta fuerza en el Senado, con 8 senadores. El partido de Bolsonaro tiene 13 senadores. La alianza gubernamental hace una mayoría frágil, donde nadie sobra.

En la Cámara de Diputados, de 513 integrantes, las fuerzas políticas aparecen más divididas todavía, en 16 grupos parlamentarios. Los diputados pueden unirse en tres bloques: uno partidario de la coalición de gobierno, con 227 diputados; otro de oposición, con 185, y un tercero, calificado de "independiente" que, según el caso, puede votar por el gobierno o en su contra. En este último bloque, hay 101 diputados.

El partido de Bolsonaro es la primera minoría con 95 diputados. El frente que agrupa al PT y a otros grupos cuenta con 81 diputados. Vale comentar algo más: el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que cuenta con 11 senadores y 44 diputados, aparece en la coalición de gobierno, pero este mismo partido votó por la destitución de Dilma Rousseff en su oportunidad.

El de Lula es un gobierno fuerte, por su liderazgo. Sin embargo, es frágil en la composición de las agrupaciones políticas que lo respaldan.

¿Y Petro?

El 13 de marzo de 2022, antes de las últimas presidenciales, fue electo el parlamento colombiano. También tiene dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes.

El Senado tiene 108 integrantes. De ellos, 20 son del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro, el cual conforma la alianza de gobierno con otros 15 senadores provenientes de la Alianza Verde, Comunes y 2 senadores indígenas. El grupo del "uribismo", integrado por el Partido Centro Democrático y el Partido Cambio Radical, tiene 23 senadores. El mayor grupo, denominado a veces "independiente" (para señalar que puede apoyar en algunas ocasiones al gobierno y en otras a la oposición), es variado, pues lo conforman el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U (curiosamente fundado por Álvaro Uribe Vélez) y otras cuatro agrupaciones. En total, los "independientes" tienen 47 senadores.

La Cámara de Representantes tiene 188 integrantes. En la alianza gubernamental aparecen 69 representantes (apenas 27 del Pacto Histórico y 16 de las "circunscripciones transitorias especiales para la paz"). En franca oposición, hay 37 representantes, mientras que como "independientes" aparecen 81.

Habría que señalar que los 5 senadores y 5 representantes del partido Comunes (formado por excombatientes de la FARC-EP) son producto del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, donde se garantizaron estos escaños para el nuevo partido. Igualmente, las "Circunscripciones transitorias especiales para la paz", creadas para dos períodos (2022-2026 y 2026-2030), a fin de facilitar la representación parlamentaria de localidades especialmente afectadas por la violencia política y el tráfico ilícito, también son producto del Acuerdo de Paz.

Esta relación de fuerzas en el Parlamento ha obstaculizado sin duda la gestión de Petro, quien, además, se ve confrontado continuamente por los poderes fácticos. A modo de ejemplo, Gustavo Petro denunció un golpe de Estado en su contra en mayo de este año, cuando el Consejo Nacional Electoral de Colombia decidió "estudiar la ponencia de dos magistrados que piden formular cargos contra el mandatario, debido a la presunta financiación irregular de su campaña electoral en 2022". "La democracia entra en emergencia", subrayó entonces el presidente Petro. En febrero había denunciado un "golpe de Estado bajo el manto institucional", en relación con las acciones del fiscal general colombiano. Un año antes, en mayo de 2023, Petro había advertido sobre un golpe de Estado cuando se produjo una protesta de miles de militares de la reserva, la cual contó con el apoyo de congresistas de la oposición (según nota de El País de España).

En las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, el resultado fue principalmente favorable para sectores opositores al gobierno de Petro.

Entre las explicaciones de las diferencias entre los resultados de las elecciones presidenciales y las parlamentarias o regionales debe haber varios factores. Uno de ellos es el peso de los actores locales (terratenientes, industriales, narcos, la "violencia armada" y sus hibridaciones, que no son pocas) en las regiones. Una de las expresiones de este "peso" es la compra de votos. Aunque la agencia alemana de noticias Deutsche Welle (DW) se empeña en remarcar el carácter "marginal" de esta práctica, uno de sus entrevistados, el profesor Miguel García Sánchez, de la Universidad de los Andes, señala que la compra de votos es una forma de clientelismo, "una práctica política que tiene mucho rato en Colombia (…) entre el 7 y el 15 por ciento de los ciudadanos reportan en encuestas haber sido objeto o haber recibido algo a cambio de su voto". "Es una práctica normalizada. Ante la pobreza, es un mecanismo que tiene la gente de conseguir recursos", dice la profesora Bibiana Ortega, de la Universidad Javeriana, aunque, por otra parte, intente minimizar sus efectos o el cuestionamiento que esto supone a la legitimidad democrática.

En septiembre de 2020, Luis González Tule, de la Universidad del Norte, publicó en la revista académica Reflexión Política el artículo "Compra de voto en Colombia: ¿cómo viste el fantasma y cuáles son sus implicaciones?". Creo que es interesante agregar el resumen del artículo:

A pesar de que la compra de votos es una práctica común en las elecciones colombianas, existe poco desarrollo investigativo que documente cómo operan las redes y cuáles son sus efectos en las instituciones democráticas y en el bienestar de la población. Este trabajo describe el funcionamiento de una red dedicada a la compra del voto a partir de un estudio de caso de gran relevancia ocurrido en Colombia, y expone algunas de las implicaciones de esta práctica. Se sostiene que la compra del voto, además de constituir los delitos de corrupción al sufragante y financiamiento ilegal de las campañas, impacta negativamente en dos pilares de la democracia moderna: la representación y las elecciones, profundizando las desigualdades sociales. El caso evidencia que la compra de votos afecta en especial a los más pobres, siendo estos, paradójicamente, los más propensos a participar en la transacción.

Habría que agregar necesariamente otro aspecto en la realidad de la gobernabilidad de Colombia. Como señala una nota de la cancillería colombiana de febrero de 2023: "En el marco de la sólida alianza entre ambos países, el secretario de Estado, Antony Blinken, autorizó la asignación de fondos para fortalecer las capacidades militares de Colombia". En la misma nota, se incluye una declaración del embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Guillermo Murillo: "La estrecha colaboración en seguridad entre Colombia y Estados Unidos es esencial para abordar los desafíos que enfrentamos y transformar el enfoque de seguridad hacia la seguridad humana multidimensional". Desde 2018, Colombia es el único país suramericano considerado "socio global" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Humberto González Silva

Referencias:

González Tule, L. (2020). Compra de voto en Colombia: ¿cómo viste el fantasma y cuáles son sus implicaciones? Reflexión Política, Vol. 22, N.° 46. https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3992

Urrejola, J. (2023, 1.° de noviembre). Compra de votos en Colombia: "Práctica común, pero marginal". DW.